El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acumula tres sentencias que confirman la inhabilitación de la ex diputada María Corina Machado para ejercer cargos públicos. Esto ratifica que no podría presentarse como candidata para las presidenciales de 2024.
Dos decisiones son de agosto de este año 2023, y fueron firmadas por todos los jueces de la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano.
Esto ocurría mientras en los medios de comunicación la precandidata en las primarias insistía en una supuesta legalidad de su postulación.
En la sentencia 1243 del 14 de agosto de 2023, en una ponencia conjunta, la Sala Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo ejercida contra la resolución de la Contraloría General (CGR) venezolana del año 2015, que dispuso la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años.
Asímismo, en la sentencia 1244 de la misma fecha, y también en una presentación conjunta, los jueces declararon “improponible” una solicitud de revisión del mismo acto administrativo de la Contraloría contra Machado.
En este caso, los jueces concluyeron que sólo pueden dar curso a solicitudes de revisión de fallos dictados por tribunales, y no de actos jurídicos dictados por otros órganos del Estado.
Constitucionalidad
Pero no son estas dos las únicas resoluciones que cierran a la precandidata la posibilidad de postularse a la presidencia. En agosto de 2008, la misma Sala del TSJ declaró la constitucionalidad de la inhabilitación como sanción para proteger el funcionamiento lícito y ético de la administración pública.
En aquella oportunidad, los jueces declararon constitucional el artículo 105 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Como sucede en la mayoría de los sistemas judiciales, los tribunales supremos no vuelven a tratar casos sobre los que ya se pronunciaron y sólo refieren a sus sentencias anteriores, por lo que el fondo de la constitucionalidad de las inhabilitaciones está resuelto.
En junio pasado, la Contraloría General venezolana contestó un pedido de información del diputado opositor Luis Brito, y confirmó que sobre Machado pesa una inhabilitación política desde junio de 2015 y por un período de 15 años.
En aquella oportunidad, la CGR confirmó que a la referente opositora se le determinaron “errores (sobreestimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio”.
Obligación de actuar
Venezuela acumula varios instrumentos legales a nivel nacional y suscribió otros a nivel internacional, que obligan a imponer la inhabilitación en caso de ilícitos como las omisiones o falsedades en las declaraciones de patrimonio.
El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por caso, dispone que “cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción”.
La misma Convención recomienda la existencia de órganos específicos para prevenir la corrupción. Además, en el artículo 8, contempla aplicar “medidas disciplinarias o de otra índole” contra los funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción.
Los reclamos vacíos de María Corina
A pesar de las resoluciones en su contra, Machado sostiene regularmente que su inhabilitación es “absolutamente inconstitucional”. En una nota en el sitio web de derecha Infobae aseguró, incluso, que “en Venezuela por un acto administrativo no se puede inhabilitar a nadie”.
En la misma entrevista, llegó a asegurar que después de la primaria (del próximo domingo 22 de octubre) “a Maduro le va a tocar negociar conmigo” hasta el calendario electoral.
Sin embargo, este martes 17 de octubre, a pocos días de la primaria, la oposición firmó un acuerdo con el gobierno venezolano, para avanzar hacia las elecciones presidenciales de 2024, en las que incluso se definen plazos.
En los nuevos acuerdos en Barbados se indica que las elecciones serían en el segundo semestre del próximo año.
No se vio ni escuchó a Machado en los acuerdos en Barbados.
Con información de Venezuela News
