Este jueves el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, negó que las seis personas condenadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión, el pasado 1 de agosto, sean sindicalistas.
Por su parte, Saab expresó en una declaración que «no son líderes sindicales, no pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajador activo, ninguno está registrado en el IVSS, aparecen como desempleados».
El Fiscal detalló que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín actuaron «al margen de la Ley y conspiraron contra la democracia».
Aseguró que pertenecían a una organización «subversiva y conspirativa» llamada Unidad de Resistencia Popular (URP) y habían planificado realizar varias acciones contra el Gobierno.
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Entre las acciones mencionadas que iba a realizar esta organización, el Fiscal mencionó que una era «asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto, en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según sus informaciones, constaba de un total de 120 fusiles Modelo FAL», sostuvo.
«Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato».
Asimismo, en el juicio fueron evacuadas 15 pruebas que sustentaban la acusación, que llevaron al Juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.
Del mismo modo, Saab informó que el caso se presentó en una «reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, y la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó, en la que verificaron que estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos en contra del Estado».
