El general Juan José Zúñiga Macías, quien encabezó el intento de golpe de Estado en Bolivia, fue detenido tras el inicio de un proceso penal en su contra, y enfrentará graves consecuencias legales y disciplinarias según el Código Penal boliviano.
La Procuraduría General del Estado comunicó que, en el marco de la causa penal contra el general y “otros, quienes protagonizaron un intento fallido de golpe de Estado y subversión del orden constitucional imperante”, exigirá “celeridad, impulso procesal, eficacia y resultados durante la investigación, esclarecimiento y sanción ejemplar de los delitos perpetrados”.
De acuerdo con la Procuraduría, a Zúñiga se le imputan los siguientes delitos:
- “Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado“, en virtud del artículo 121 del Código Penal.
Según la ley, “los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella” serán sancionados con privación de libertad de 5 a 15 años.
Por su parte, “los que organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública”, serán sancionados con la pena de 15 a 13 años de presidio.
- “Seducción de tropas“, en virtud del artículo 127
“El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”, reza el artículo.
- “Atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado“, en virtud del artículo 128
En el caso de atentar contra la vida o seguridad del presidente, vicepresidente, ministros de Estado y presidente del Congreso Nacional, está prevista la pena de 5 a 10 años de privación de libertad.
Además, en el ámbito militar, los involucrados en el intento de golpe de Estado pueden enfrentar procedimientos disciplinarios severos, como destitución o expulsión de las Fuerzas Armadas.
Lo mismo se aplica a los oficiales que lideraron, participaron o apoyaron de cualquier manera la acción. También pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o políticos en el futuro.
Este miércoles, un gran número de militares bolivianos se apertrecharon en la plaza Murillo, en La Paz, en las inmediaciones de las sedes del Poder Ejecutivo y del Legislativo del país, e incluso entraron por la fuerza al palacio presidencial.
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Ante los hechos, el presidente boliviano, Luis Arce, al principio denunció “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército boliviano” y luego afirmó que se trataba de un intento de golpe de Estado.
En medio de esta situación, Arce juramentó a un nuevo Alto Mando Militar. Así, José Sánchez se convirtió en el nuevo comandante del Ejército, Gerardo Sabala fue nombrado nuevo jefe de la Fuerza Aérea y Wilson Guardia pasó a ser jefe de la Armada.
Tras el discurso de Arce y la juramentación del nuevo Alto Mando Militar, las tropas que habían llegado hasta la Plaza Murillo se retiraron una vez que los nuevos comandantes ordenaron su repliegue.
Oriana Lorenzo con información de RT
