La presidenta Boluarte es denunciada por la fiscal de Perú, Patricia Benavides, así como también al primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.
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Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es »un ataque premeditado” de quienes se oponen a su labor.
»Ataque premeditado»
»Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, dijo Benavides.
“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”, señaló en el pronunciamiento.
Resistencia en la lucha contra la impunidad
También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las “trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023” en las protestas, así como otros “casos emblemáticos”.
»Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia”, dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.
Investigación a Dina Boluarte por las muertes
El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.
Por ese caso, Dina Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.
La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
Boluarte tacha la denuncia de »deleznable maniobra política»
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 es una »deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía.
Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides “tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.
Jefa de Estado
La jefa de Estado respondió de esta forma a la denuncia constitucional presentada por Benavides en su contra por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzo de 2023, junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y tres exministros del Interior.
Boluarte señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”.
La mandataria agregó que el viernes había sido notificada por la fiscal de la Nación sobre la prolongación de la investigación en el caso de las muertes de los manifestantes para los próximos ocho meses, pero que hoy se formaliza la denuncia en su contra, tras el inicio de otro proceso contra la propia Benavides.
“Es sospechoso y grave”, dijo Boluarte, quien recordó que también en esta jornada dos fiscales supremos han exigido la renuncia de la jefa del Ministerio Público.
