Inglés Rojo, administrador de más de una decena de sociedades, es propietario único de la empresa Teatre Murcia, una de las salas afectadas por el incendio junto a Fonda Milagros, en el que murieron 13 personas, todas ellas procedentes de Colombia (3), Nicaragua (5) y Ecuador (5).
Ambos locales tenían orden de cierre por parte del ayuntamiento desde enero de 2022 y se investiga ahora por qué no fue ejecutada.
La Fiscalía le acusa, en un caso que se remonta al año 2007, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de estafa.
Según el escrito de la Fiscalía, en torno a ese año, Juan Inglés Rojo, con intención de obtener lucro económico se fue apropiando de diversas cantidades de dinero que varias personas le entregaban porque el acusado les prometía un rendimiento mucho más elevado que el que proporcionan las entidades bancarias.
Además de contactar con inversores, ofrecía, en algunas ocasiones, préstamos con condiciones extremas a personas con apuros económicos y necesidad inmediata de liquidez, con un interés del 20 % y a devolver en pocos meses mediante pagarés sujetos a una garantía hipotecaria, que eran entregados a los inversores.
Como en estos casos el préstamo era «casi leonino» -por el rédito, las condiciones de su concesión, el plazo breve de devolución y la abismal diferencia entre el importe del préstamo y el valor del bien inmueble que lo garantizaba- normalmente no se podía pagar, por lo que se echaba mano de la garantía hipotecaria que contenía.
En estos casos, el acusado se ocupaba de ejecutar el pagaré a través de entidades con administradores próximas a él o simples testaferros que seguían sus instrucciones y ponían su firma cuando se les solicitaba.
En algunas ocasiones, el acusado recibía el dinero de los «inversores» y, tras incorporarlo a su patrimonio, les entregaba un pagaré, que él mismo confeccionaba y que estaba garantizado con una hipoteca cambiaria inexistente, cuya escritura de constitución falsificaba el acusado y entregaba al inversor.
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Una vez vencido el plazo, Juan Rojo reclamaba de los acreedores el pagaré original y se ofrecía, por una comisión, a instar su ejecución, entregando una simple fotocopia del mismo como recibo y resguardo.
Como la hipoteca era imaginaria, nada se ejecutaba y el acusado, cuando le pedían el dinero, daba largas a los prestamistas, argumentando retrasos en la tramitación judicial.
Con información de EFE
