En diversos puntos pedirán otra vez un adelanto de elecciones. Organizaciones internacionales, entre las que sobresale una misión de Naciones Unidas, «estará siguiendo de cerca la situación».
El día más sonado en Perú ha llegado. Este miércoles 19 de julio se llevará a cabo una marcha nacional, cuyo punto céntrico será en la capital bajo el rótulo de tercera ‘»Toma de Lima«, con la cual miles de personas exigirán la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.
Múltiples gremios provincianos se han sumado a las protestas, al igual que líderes políticos como el exmandatario Martín Vizcarra o la excandidata presidencial, Verónika Mendoza.
La militante de Nuevo Perú garantizó una marcha pacífica y denunció a Boluarte como responsable política de las muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
«Las Fuerzas Armadas y policiales (son) responsables directas de asesinatos de 49 peruanas y peruanos (…). Señora Boluarte, usted es la principal responsable de las muertes y de los heridos por haber pretendido resolver con balas lo que se debió haber resuelto con votos«, señaló Mendoza.
En la víspera la mandataria ofreció una conferencia de prensa, en compañía de parte de su gabinete, en la cual defendió el derecho a la protesta pacífica, pero insistió en que detrás de las movilizaciones hay un interés político en generar «caos«.
«Sabemos que las protestas violentas de diciembre, enero, febrero han generado caos, crisis, con una demanda de política no entendida para la gran mayoría de peruanas y peruanos«, aseveró.
En su mensaje, mencionó que el cierre del Congreso es una «situación que no depende del Ejecutivo», mientras que en el caso del adelanto de elecciones, mencionó los dos proyectos de ley enviados al Parlamento, que fueron rechazados sin mayor debate.
No obstante, no aclaró que su dimisión habilitaría la opción de sufragios en un lapso corto de tiempo, como ya ocurrió entre 2020 y 2021 cuando Vizcarra fue destituido por el órgano legislativo.
Boluarte hizo referencia a otras demandas en la tercera ‘Toma de Lima’, incluyendo la convocatoria de una asamblea constituyente, la redacción de una nueva Constitución y, por último, la libertad del expresidente Pedro Castillo. «Estos tres últimos puntos no nos competen», apuntó.
«Entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde el Vraem [Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro] queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad», sostuvo.
El director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (Lima), Ricardo Soberón, afirmó que los motivos que provocan las protestas en Perú son numerosos y rechazó que Boluarte y el resto de dirigentes asuman que la situación es normal, lo que genera mayor molestia en la ciudadanía.
Vigilancia internacional
Varias organizaciones internacionales ya avisaron que estarán atentas a lo sucedido en esta jornada. La Misión en el Perú de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos «estará siguiendo de cerca la situación».
«Hacemos un llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y en plena garantía de los derechos humanos«, señaló.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó las recomendaciones de su último informe, en el cual se corroboró una serie de excesos durante la represión a las movilizaciones.
Además, exhortó al Estado a «observar los estándares interamericanos sobre protesta y derechos humanos y abrir canales de diálogo».
Mientras que en un pronunciamiento conjunto, que incluye a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y a Human Rights Watch, también se instó a garantizar el derecho a la protesta pacífica.
«Notamos con preocupación que la primera reacción de algunas autoridades tras la convocatoria de nuevas manifestaciones haya sido intentar limitar el ejercicio del derecho a la protesta, entre otras cosas, exigiendo permisos o registrando a las personas que ingresan a Lima, amenazando con el uso de la fuerza contra las personas manifestantes y con criminalizar a quienes deseen ejercer este derecho», alertaron.
Medidas policiales
Desde la semana pasada las autoridades dispusieron «un servicio policial extraordinario» para registrar a las personas que lleguen a la capital de cara a la tercera ‘Toma de Lima’.
Un hecho que, según especialistas, es una medida inconstitucional. «Viola el derecho a la protesta y al libre transito, criminalizando la ‘Toma de Lima'», aseveró la socióloga y exministra, Anahi Durand.
Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le pidió a la Policía Nacional «redoblar esfuerzos en los puntos de entrada» a la capital para «detectar quién viene y con qué intención».
El mayor resguardo policial se dará en la Plaza San Martín, punto neurálgico de toda manifestación en Lima. Además, también estará ampliamente reforzada la seguridad en la Plaza de Armas, que está a un costado del Palacio de Gobierno.
En todo Perú se desplegarán unos 24.000 efectivos, informó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien, no obstante, declaró que esperan una manifestación de tan solo 2.000 personas en Lima.
«No están encontrando la financiación que tuvieron antes», afirmó Romero el domingo en un canal local. «Aparentemente, hasta el día de hoy, va a ser más regional de lo que fue anteriormente en Lima», agregó.
Entretanto, está confirmada la participación de unas 21 regiones de la mano de gremios y asociaciones sociales que anhelan un cambio tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Con información de RT
