Las autoridades venezolanas deben respetar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos y liberar a todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente, dijo hoy la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela antes de la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero.
“Hacemos un fuerte llamamiento a las autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles represalias. Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza,” dijo Marta Valiñas, Presidenta de la Misión. “Toda conducta violatoria de derechos debe ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgadas por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso.”
En su más reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, la Misión documentó la violenta represión contra la población que protestaba tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que calificó como una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país. Las protestas se produjeron tras el anuncio de los resultados electorales, que daban el triunfo al Presidente Nicolas Maduro.
“Según ha determinado la Misión, el aparato represor sigue plenamente operativo,” dijo Francisco Cox, Experto de la Misión. “Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a al menos 56 activistas de partidos de la oposición, a 10 periodistas y a una defensora de derechos humanos. Tanto quienes ordenen detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos tratos como quienes las ejecuten, son responsables penalmente de forma individual.”
A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público informó que 1.369 personas, de las más de 2.500 detenidas durante la represión postelectoral, según fuentes oficiales, habían sido excarceladas después de la revisión de sus casos. Estos datos, sin embargo, no han podido ser corroborados. De acuerdo con los últimos datos de la organización no gubernamental Foro Penal, 1.849 personas permanecen actualmente en prisión por motivos políticos sometidas a irregularidades y restricciones múltiples que afectan su alimentación, su salud y el acceso a las garantías procesales indispensables en los procesos que se iniciaron contra ellas.
Junto con volver a exigir la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y el respeto por las propias leyes venezolanas, la Misión reiteró la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas detenidas con problemas de salud, a los adultos mayores, así como considerar seriamente el interés superior de niños y niñas que aún afrontan procesos penales.
La Misión recuerda que cada día se suman personas capturadas y se cuentan en centenares quienes todavía permanecen en prisión sometidas a condiciones indignas, actos de tortura, así como a tratos inhumanos, crueles y degradantes.
“Las personas excarceladas, incluidos niños y niñas, permanecen sometidas a medidas cautelares y a procesos por delitos graves, como terrorismo o traición a la patria”, afirmó Patricia Tappatá, Experta de la Misión. “La persecución a las personas opositoras o a quienes el gobierno considera como tales, no sólo no se ha detenido, sino que ha tomado la forma de un ataque sistemático a la libertad de quienes piensan distinto.”
Conforme a su mandato, la Misión está prestando una atención especial a los sucesos del periodo anterior y posterior a la toma de posesión presidencial. La Misión investigará los casos de violaciones graves de los derechos humanos y delitos que pudieran ocurrir y analizará si se enmarcan en la política de Estado de silenciamiento de la oposición, ya identificada en sus informes anteriores.
Información de: Nota de Prensa
