Decenas de migrantes ilegales privados de su libertad en dos centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron una huelga de hambre a finales de la semana pasada para exigir, entre otras cosas, el restablecimiento de las llamadas telefónicas con sus familiares.
«Dejen de cobrarnos por llamar a nuestras familias, abogados y comunidades», se lee en el pliego petitorio de los migrantes.
En total, 62 migrantes privados de su libertad en el Golden State Annex y el Centro de Procesamiento del ICE en Mesa Verde, Colorado, quieren el cierre de los centros de detención, el fin del aislamiento, una revisión más frecuente del estado de sus casos y el regreso de las llamadas telefónicas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo este martes 6 de agosto que finalizó el programa que permitía a los migrantes ilegales detenidos más de ocho horas realizar llamadas gratuitas mensualmente, informó The Washington Times.
«El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con gusto restablecería el programa de llamadas de 520 minutos con fondos adecuados, pero desafortunadamente, el financiamiento es una lucha continua y los fondos limitados disponibles son necesarios para llevar a cabo nuestra misión ordenada por el Congreso«, dijo la dependencia.
El ICE, que administra los centros de detención, comenzó a ofrecer 520 minutos de llamadas telefónicas gratuitas durante la pandemia de Covid-19, cuando se redujeron las visitas presenciales.
Los minutos podían usarse para cualquier propósito y servían para llamadas nacionales e internacionales. Pero ahora que las visitas han vuelto, los teléfonos ya no son necesarios.
Con todo, las llamadas telefónicas pagadas continúan disponibles, pero los defensores de los derechos de los migrantes detenidos argumentan que los costos pueden ser inaccesibles para las familias.
Además, aseguran que, sin llamadas telefónicas gratuitas, es más difícil conocer las condiciones dentro de los centros de detención.
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En total, la dependencia se ahorrará 10,2 millones de dólares. Sin embargo, aseguró que los detenidos todavía tienen acceso gratuito a abogados pro bono mediante tabletas electrónicas, ya que el Congreso asignó presupuesto para eso.
Zuleydy Marquez con información de Globovisión
