En una entrevista en CNN, Corina Yoris dijo que “Ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada” para competir en las Presidenciales de 2024.
El CNE concluyó el lapso para recibir las postulaciones pero todavía queda pendiente la aceptación de las mismas. Incluso, en caso de ser admitidas, cabe la posibilidad de que en el período de impugnaciones, alguna candidatura sea cuestionada y finalmente quede excluida. Por lo tanto, cualquier apoyo apresurado de MCM a uno de los candidatos inscritos puede desembocar en una torpeza táctica o en una especie de beso de Judas, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.
Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial, y todo aquel que en las encuestas aparezca como un potencial ganador, también corre el riesgo de ser inhabilitado. Quizás esta vez todas las encuestas deberían equivocarse.
Una oposición dividida y desorganizada es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas. La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada mesa electoral. Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de organizar y movilizar masivamente el descontento nacional, a la docena de candidatos opositores inscritos le resultará muy difícil capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que representa el enorme rechazo al gobierno.
La oposición radical cataloga al gobierno de Maduro como una dictadura. Sin embargo, espera que ese régimen autoritario les conceda condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. La maniobra para impedir que MCM compitiera en las Presidenciales de 2024 estaba cantada desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) autorizó la inscripción de precandidatos inhabilitados.
El oficialismo no iba a dejar correr en la carrera presidencial a quien los cataloga de narco-régimen y camarilla de delincuentes; a quien los acusa de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; a quién los acusa de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN; a quien aplaude las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; a quien ha solicitado endurecer las sanciones económicas contra Venezuela; a quién invocó la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera; a quien promueve juicios en la Corte Penal Internacional y desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”.
Ciertamente, esa estrategia amenazante, retadora y de confrontación radical le sirvió a MCM para hacer crecer como la espuma su popularidad y aceptación en las encuestas, y ganar con el 92,35 % de los votos la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria; pero no funcionó para incentivar al régimen a permitir unas elecciones competitivas, libres y justas que hicieran posible la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.
Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. Ningún gobierno va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica, la clave está en subir los costos de permanencia en el poder y bajar los costos de salida. Pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas. Si ese es el desenlace, el oficialismo preferirá aferrarse al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.
Bajo un régimen autoritario no hay que esperar elecciones libres ni competitivas. A una dictadura no se le piden elecciones libres y limpias, se compite en desventaja y en las peores circunstancias. El oficialismo tiene claro que no cuenta con la mayoría popular. Su caudal de votos ha mermado elección tras elección. Solo si enfrenta a una oposición dividida en un ambiente de apatía electoral es que hará concesiones para celebrar unas elecciones con el mínimo de condiciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente. Pero si el oficialismo calcula que está comprometida su continuidad en el poder, empañará la transparencia del proceso electoral para exacerbar la división y abstención que lo ponga a ganar.
Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados. Y eso es precisamente lo que está haciendo. ¿Cuál es entonces la estrategia más inteligente y eficaz para lograr la alternabilidad en el gobierno por la vía electoral y pacífica? Los Acuerdos Electorales de Barbados son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno y deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no sólo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno y -en caso de perder las elecciones- tengan que entregar el poder.
Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Electoral
