Estudia los negocios privados del colegiado y si son incompatibles con el arbitraje por un posible conflicto de intereses. Sanciones desde 100.000 euros hasta cinco años de inhabilitación.
El Comité de Cumplimiento de la Federación (RFEF) ha iniciado una investigación formal sobre las actividades extradeportivas de José Luis Munuera Montero, árbitro de Primera División. En concreto, la RFEF indaga sobre si esas actividades pudieran ser incompatibles con el punto 9.1 del Código Normativo que surge “cuando las personas obligadas por esta norma (entre las que están los árbitros) tuvieran intereses secundarios que puedan interferir en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”. Según ha podido saber AS, Munuera no volverá a pitar un partido mientras se sustancia esta investigación, en la que el colegiado está colaborando remitiendo la información que se le ha solicitado.
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Munuera Montero, que el sábado pitó el partido entre Osasuna y Real Madrid, constituyó la sociedad Talentus Sports, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva. La empresa ha utilizado instituciones futbolísticas y algunos clubes profesionales europeos y españoles.
Todos los anuncios relacionados con clubes o instituciones futbolísticos, que aparecían durante la mañana en el Linkedin de la empresa, fueron borrados a largo de la tarde, aunque dejaron rastro en los buscadores.
Esta vinculación empresarial de Munuera ha hecho sonar las alarmas en la RFEF, cuyo departamento de Cumplimiento estudia si hay un posible conflicto de interés. La investigación acaba de comenzar y aún no hay ni siquiera abierto un expediente, pero si prospera y se entiende que el árbitro se saltó los controles (también está obligado a informar de sus actividades extra arbitrales si considera que puede darse una incompatibilidad) podría ser sancionado con una multa de hasta 100.000 euros y una inhabilitación para pitar de hasta cinco años.
De hecho, la RFEF está preocupada en erradicar posibles actividades en las que existan conflicto de intereses. En la última Asamblea General del pasado 10 de febrero, uno de los cambios estatutarios que se aprobaron, y se enviaron al CSD, incluye una norma que prohíbe “las relaciones comerciales con deportistas en activo en la organización de competiciones oficiales”.
Recogida de pruebas
Por ahora, el Comité de Cumplimiento de la Federación no ha llegado a ninguna conclusión y está en la fase de recogida de pruebas, pero fuentes federativas recuerdan que “los afectados no podrán ejercer sus funciones cuando haya un conflicto de intereses”.
Además, “el Código Ético deberá ser cumplido por los miembros de órganos directivos, árbitros, directivos y delegados de los clubes, entrenadores o cualquier responsable médico, técnico o administrativo de la Federación, de las federaciones autonómicas y territoriales, de las ligas, de los clubes afiliados y todos aquellos obligados a cumplir con los estatutos de la RFEF. En cuanto al Código de Cumplimiento Normativo se aplicará a las personas que guarden relación directa o indirecta con la Federación, bien contractual, profesional u otras modalidades”.
Tampoco en Europa
Por tanto, mientras se realicen las investigaciones, UEFA tampoco recurrirá al árbitro español hasta que el CTA y la propia RFEF concluyan sus pesquisas, por lo que tampoco será asignado para dirigir ningún encuentro internacional.
Hender «Vivo» González
Con información de Diario AS
