El Gobierno dominicano reconoció la existencia de una laguna legal en lo referente a la supervisión de infraestructuras, específicamente en aquellas construidas por el sector privado. Esta admisión se produce tras el devastador colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, un suceso que cobró la vida de 231 personas y dejó a más de 180 heridas, sumiendo al país en un profundo luto.
El presidente Luis Abinader, durante su habitual rueda de prensa de los lunes, abordó la trágica situación y la necesidad de fortalecer el marco legal. «Hay un vacío en lo que respecta a la supervisión obligatoria de las obras privadas, no hay esa obligación, por lo que tenemos que tomar medidas especiales como la creación de un proyecto de ley que corrija esa situación (…), hay un vacío que tenemos que solucionar», declaró el mandatario, evidenciando la urgencia de abordar esta deficiencia normativa para prevenir futuras tragedias.
En cuanto a la búsqueda de responsabilidades por el desastre, Abinader expresó que tanto el Gobierno como el pueblo dominicano esperan que se haga «justicia». Sin embargo, su consultor jurídico, Antoliano Peralta, matizó estas declaraciones al recordar que el curso de un proceso judicial es impredecible y que el Poder Judicial opera bajo sus propios protocolos, independientes del Ejecutivo. Esta cautela subraya la complejidad del proceso legal que se avecina tras la tragedia.
El fatídico colapso ocurrió en la madrugada del pasado martes en la discoteca Jet Set, mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar junto a uno de sus músicos. Entre las 231 víctimas fatales se encuentran figuras prominentes como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, y el diseñador Martín Polanco. La mayoría de las víctimas, 221, fallecieron en el local, mientras que otras diez perdieron la vida en centros de salud a causa de las graves heridas sufridas.
Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno ha puesto en marcha una investigación exhaustiva para determinar las causas del colapso. La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ha iniciado un estudio técnico con el objetivo de esclarecer los factores que contribuyeron al derrumbe. «El Gobierno y la población lo requieren», enfatizó el presidente Abinader, reconociendo la necesidad de respuestas claras y contundentes ante este lamentable suceso.
La investigación de la Onesvie se espera que arroje resultados en aproximadamente tres meses. Según informó la entidad, dos equipos de ingenieros trabajan en la recolección de restos y en la reconstrucción virtual del edificio para simular las condiciones previas al colapso, incluyendo la carga que soportaba el techo.
Paralelamente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto su propia investigación penal, instruyendo a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de la capital a llevar a cabo las pesquisas correspondientes para determinar posibles responsabilidades penales en este trágico evento. En este contexto, Zulinka Pérez, hija del fallecido Rubby Pérez, anunció su intención de demandar a los propietarios del establecimiento, alegando negligencia.
Carla Martínez / Con información de Globovision
