El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que se le permita continuar con la deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador, mediante el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
De acuerdo con medios internacionales, el recurso fue presentado por la administración de Trump luego que la Corte Federal de Apelaciones en Washington rechazara la petición.
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Con una votación de dos a uno, un panel de jueces de apelación mantuvo en vigencia una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa sólo utilizada en pocas ocasiones en la nación norteamericana.
«…las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras«
La medida que prohíbe temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito, James Boasberg, quien es el juez principal en la Corte Federal de Washington, indicando que existe «un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar».
Esta acción del magistrado lo hizo objeto de ataques por parte de Trump y de sus funcionarios, quienes se han negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones al argumentar un «privilegio de secretos de Estado».
Asimismo, han pedido la destitución de Boasberg, incrementando las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Por su parte, la procuradora general interina, Sarah Harris, expresó que el tribunal inferior se había «extralimitado» al prohibir que el Gobierno deportara a supuestos pandilleros y que «aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas».
El Gobierno venezolano ha reiterado en varias oportunidades que los migrantes que fueron deportados a El Salvador están secuestrados, que sus derechos han sido violentados y ratificó su compromiso con garantizar el retorno de los connacionales al país.
Con información de UN.
