En un contexto de creciente preocupación por la seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido extender el estado de excepción en varias provincias y en la capital del país. Este decreto, que se implementó originalmente a principios de octubre, ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional.
La situación de seguridad en Ecuador ha ido deteriorándose en los últimos años, afectada por un aumento en la violencia y el crimen organizado. En respuesta a este panorama alarmante, el presidente Noboa declaró un estado de excepción en octubre, una herramienta constitucional que le permite al gobierno tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, tras una revisión legal, parte de este decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, lo que obligó al mandatario a emitir un nuevo decreto (Ejecutivo 469) para justificar la extensión de la medida, ahora invocando la “grave conmoción interna”.
Esto plantea una serie de preguntas sobre el estado actual de la seguridad en el país y cómo se están gestionando los problemas estructurales que han llevado a este punto crítico.
La extensión del estado de excepción por 30 días en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como en el Distrito Metropolitano de Quito y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay, responde a un contexto marcado por un clima de inseguridad y disturbios. La medida busca contener situaciones de violencia que afectan a la ciudadanía, pero también refleja la necesidad urgente de fortalecer la presencia del Estado en estas regiones.
Noboa ha justificado esta decisión no solo por la violencia manifiesta, sino también por la insatisfacción generalizada de la población hacia la gestión de la seguridad. La percepción de impotencia frente a la criminalidad puede llevar a desconfianza en las instituciones, lo que hace que esta medida sea todavía más relevante.
Carla Martínez / Con información de RT
