El Ministerio Público citó para imputar a cuatro trabajadores de ICM Proyectos 2001, empresa que le presta servicios a las estatales Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, según fuentes judiciales.
Los trabajadores citados son: Carlos Rondón Borges, Juan Carlos García, Argenis Revilla y Carlos Quintero. Estas personas fueron citadas por el fiscal 94 Nacional con Competencia en Derechos Humanos y Plena, Renny Amundaraín Durán, según se lee en las boletas.
Los trabajadores son convocados en virtud de una investigación abierta hace cinco años, por presunto forjamiento de documentos, según denuncia presentada por Jesús Pérez, uno de los socios de ICM que rompió con la empresa.
El expediente principal de esa querella interpuesta por Jesús Pérez está en el Tribunal Especial 3° de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, actualmente a cargo de la jueza Alice Hernández.
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El acto de imputación a Rondón, García, Revilla y Quintero, se produce justo cuando ICM está intervenida por órdenes del Tribunal Especial 3° Antiterrorista cuya jueza (Hernández) designó una junta administradora que tomó posesión hace tres semanas. Dicha medida mantiene paralizada todas las operaciones petroleras, dice una fuente.
Esta es la segunda vez que el Tribunal Especial 3° acuerda una medida para intervenir ICM, siendo la primera en agosto de 2022 cuando ese juzgado estaba a cargo de la jueza René Garrido. Esa primera intervención fue anulada por el mismo Tribunal Especial. Posterior a ello la jueza Garrido fue removida por la Comisión Especial del Tribunal Supremo de Justicia.
Al encargarse Alice Hernández del mencionado Tribunal, ella se ocupa de ejecutar las medidas para devolverles ICM a sus socios originales. Incluso Hernández rechazó la querella interpuesta por Jesús Pérez contra ICM Proyectos 2001 porque ésta había sido “equivocadamente admitida por este Tribunal en fecha 28/3/2022…”, según se lee en el oficio 240-2022.
La citación a los cuatro trabajadores de ICM para ser imputados, ocurre cuando se está a la espera de una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto a una petición para avocarse al conocimiento del asunto, debido a las “graves irregularidades ocurridas durante el proceso de investigación”, según documento.
Los abogados defensores de ICM sostienen que existe un “marcado hostigamiento hacia la empresa para extorsionar a sus socios con diversas exigencias dinerarias, aprovechando que Venezuela inicia un reposicionamiento a nivel mundial como potencia petrolera”.
Con información de: UN
