El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este lunes una rueda de prensa para pronunciarse sobre la reciente deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador. Saab calificó los hechos como un presunto «secuestro» y un posible «crimen de lesa humanidad», mostrando durante su intervención videos que describió como sensibles en relación al caso.
Saab expresó la profunda preocupación del Ministerio Público venezolano por la situación de los ciudadanos deportados y denunció la falta de transparencia y el trato inhumano que, según sus declaraciones, habrían recibido los migrantes. Durante su comparecencia ante los medios, el fiscal general presentó material audiovisual que, según indicó, evidencia la gravedad de la situación.
«Hemos visto videos sensibles que nos hacen presumir un trato cruel, inhumano y degradante contra estos ciudadanos venezolanos», afirmó Saab. «No podemos calificar de otra manera la acción de trasladar a personas sin debido proceso, sin identificación clara y sin permitirles ejercer sus derechos fundamentales».
El fiscal general también informó que el Ministerio Público venezolano ha tomado acciones a nivel internacional en respuesta a estos hechos. «Hemos enviado una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, expresando nuestra profunda preocupación y solicitando información detallada sobre la situación de nuestros connacionales», señaló Saab. «Estamos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades salvadoreñas».
Saab enfatizó que el gobierno venezolano considera inaceptable la deportación sumaria de sus ciudadanos y el presunto trato al que están siendo sometidos en El Salvador. Calificó la situación como una violación de los derechos humanos y del derecho internacional, insistiendo en que se deben garantizar los derechos y la integridad de los migrantes venezolanos.
Las declaraciones del fiscal general se producen después de que Estados Unidos deportara a más de 200 venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua (TdA), en una acción que generó controversia por la invocación de una antigua ley y por realizarse a pesar de una orden judicial federal en contra. El gobierno venezolano ha mantenido una postura crítica ante estas deportaciones, exigiendo respeto por los derechos de sus ciudadanos en el exterior.
El Ministerio Público venezolano anunció que continuará realizando las diligencias necesarias a nivel nacional e internacional para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de los migrantes venezolanos deportados. La espera por la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador será crucial para determinar los próximos pasos en este caso que ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas.
Carla Martínez / Noticias Barquisimeto
