El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que, al momento, hay seis funcionarios detenidos y otros con orden de aprehensión, quienes llevaron el caso de Canserbero el 20 de enero de 2015, que de acuerdo a las declaraciones de los hermanos Améstica, habrían recibido 10 mil dólares para manipular la escena del crimen y dejarlo pasar como un «homicidio – suicidio».
Los funcionarios involucrados en el encubrimiento del homicidio y con orden de aprehensión son:
El Inspector Jefe Gilbert Cruz (Jefe de la Comisión); Inspector Edgar Trillo (Investigador); Detective Jesús Medina (Técnico); Oficial PNB Arquelis Blanco (en Comisión de Servicio en el Cicpc para la fecha); Miembros de la Comisión de Laboratorio Criminalístico de Aragua que abordaron igualmente el sitio: Inspectora Agregada Teresa Pinto y el Detective Yonel Toro.
También, un séptimo funcionario involucrado falleció en el año 2018 en actos de servicio.
La orden de aprehensión que pesa en contra de estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada.
De igual manera, Saab solicitó una orden de aprehensión en contra de Solangela Mendoza, quien fue la Patóloga que practicó la Autopsia Forense de Tyrone González y Carlos Molnar. Quien, en su informe, no reseñó las dos puñaladas o el golpe en la cara de Canserbero que le dio Guillermo.
Mendoza es solicitada por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia, Asociación para delinquir, y encubrimiento.
Asimismo, se solicitó una orden de aprehensión contra los fiscales de la época, abogados Tulio Enrique Mendoza, exfiscal 30º Nacional con Competencia Plena, y Yoli Abelina Torres, exfiscal Cuarta del estado Aragua, por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.
Estos dos exfiscales se les libró orden de aprehensión y fue solicitada una alerta roja para que sean entregados donde sea que estén, explicó el fiscal; debido a que «estos ciudadanos coadyuvaron a sostener la hipótesis errada del homicidio – suicidio, al no promover las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos».
«Dejaron de practicar el 95 % de las experticias que nosotros ejecutamos, y fundamentaron la solicitud de sobreseimiento en un informe psiquiátrico post mortem practicado en el año 2015 al entorno de Tyrone González, el cual fue considerado no concluyente por los mismos expertos que lo realizaron», agregó.
Con información de GV
