En medio de la compleja situación que a diario afrontan muchas personas por el llamado «retardo procesal», han surgido diferentes denuncias de casos particulares, los cuales llaman la atención por motivos como el tiempo o la circunstancia en la que se suscitan, entre estos encontramos al de Eilyn Gómez, un ciudadano que desde el año 2005 esta enfrentando un caso relacionado con la Asociación Civil Casa Hogar ‘Niño Simón’, la cual representa.
Gómez señala que, como casa hogar fueron víctimas de una «presunta estafa» por parte de un sujeto que ha tenido beneficios por su condición de ex-militar.
«En este caso, este señor a nosotros de una manera muy soez nos quitó una casa que teníamos en la parroquia Cuji-Tamaca con la promesa de que se nos haría entrega de otra casa, esa misma nunca llegó a nuestras manos», denunció Gómez.
Eilyn comenta que, para el año 2009, les notifican que llega la querella al señor Díaz por el delito de «estafa calificada», y ya para el 2010 se celebra la audiencia preliminar, realizando todos los tramites procedimentales, y «posteriormente se llevaron a cabo tres juicios orales públicos, teniendo como resultado una sentencia condenatoria, luego otra condenatoria y la última dictada por la jueza María Requena, lo que prácticamente le costó su cargo, la cual fue una ordenatoria contra este señor y contra las personas de Provivienda Larense».
Resalta que, con esta situación, el y un grupo de personas apoyadas por la asociación civil que representa, quedaron a la deriva por no contar con un hogar fijo, pues desde el 2005 hasta el 2015 estuvieron alquilados en otra residencia, sin embargo desde entonces no cuentan con un lugar en donde desarrollarse.
También señala que han demandado la nulidad del contrato que llevaron acabo con el señor Edgar Díaz por las mencionadas propiedades, consiguiendo una sentencia legal que anula dicho contrato, la misma se emanó del tribunal 5to del municipio Iribarren, y se ratificó por el tribunal contencioso administrativo, «dicha sentencia le ordena a este sujeto que nos entregue nuestro inmueble nuevamente, pero ha sido totalmente imposible por muchas circunstancias».
Las mismas se suscitaron desde que «el expediente baja al tribunal de ejecución, el cual tiene que practicar la sentencia, este nunca ha puesto de su parte, la única que si hizo fue la Dra Belén Beatriz Dan Colmenares , quien estuvo a cargo de ese tribunal» señala.
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«Ella misma se trasladó a hacernos entrega del inmueble, cuando esta va a realizarlo, el señor Díaz ejerce una oposición, basado en algunos alegatos sin respaldo jurídico y se paraliza la ejecución y no nos entregan el inmueble», añadió.
Gómez comenta que, tras esta situación, siguieron buscando la manera de recuperar su inmueble, logrando que les devolvieran la propiedad el día 20 de septiembre del año en curso,; sin embargo y aun teniendo todos los preparativos listos para esta entrega, «sorpresivamente el juez 5to del municipio, Magdiel Torres, se inhibió de seguir conociendo nuestro caso, causándonos un retardo en nuestra causa, pasando al tribunal 6to del municipio».
Adicional a ello, también destaca que a pesar de la existencia de una sentencia condenatoria por el delito de estafa calificada en contra de Edgar Díaz, éste aún permanece en libertad sin ningún tipo de sanción.
Al relatar su historia, Gómez resalta la necesidad de dar a conocer su caso, con la esperanza de que sea atendido por la propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y por la Asamblea Nacional para que puedan cesar las violaciones a sus derechos legales.
A su criterio, con el pasar del tiempo, siente menos posibilidades de recuperar la propiedad, así como poder resarcir por la serie de daños y perjuicios en contra de la asociación civil a la cual forma parte, por ello denuncia y espera una pronta solución de alguna autoridad nacional.
Rubén Conde/Noticias Barquisimeto.
