Este lunes, el presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, diputado Hermann Escarrá (PSUV/Aragua), explicó que con el resultado del referendo consultivo, convocado por la Asamblea Nacional (AN), el pueblo aportará mayor licitud a la defensa de la Guayana Esequiba.
En su encuentro con los medios de comunicación, desde el Palacio Federal Legislativo, Escarrá expuso que al activarse este derecho constitucional, los venezolanos le darán mucho para pensar a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en virtud de que la población de un país reforzará la legítima soberanía sobre su territorio.
Reiteró que el referendo le da más legitimidad a la defensa del Esequibo, porque será el pueblo, ante el mundo, el que se expresará para defender el territorio de la Guayana Esequiba.
El parlamentario informó que la comisión a su cargo ya propuso a la presidencia de la AN 30 preguntas, para que sean consideradas en las deliberaciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la interrogante que será sometida a consulta popular.
Señaló que el CNE tiene la autoridad de elegir la pregunta que se le hará al pueblo y resaltó que el referendo representa una repercusión histórica para Venezuela, porque es la primera vez que se le consulta al soberano sobre esta materia.
El diputado reiteró que la consulta pública está basada en el artículo 71 de la Constitución de la República, que establece que las materias de especial transcendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo, como lo solicitó la AN.
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Escarrá sostuvo que Venezuela no quiere guerra y siempre apoya la paz y el diálogo. Pero hará lo necesario para mantener las conversaciones con todos los involucrados con el tema. Indicó que ir al debate no implica claudicar, ni entregar el territorio, sino asistir a un espacio de encuentro para darle solución al problema.
Reafirmó que el Laudo Arbitral de París de 1899 es írrito y no tiene validez, porque Venezuela no estuvo presente en la elaboración del documento, y ello se conoce en derecho internacional como un acto contrario a la buena fe. En este caso, por parte del gobierno británico.
El parlamentario aseveró que la licitación del petróleo en la Fachada Atlántica, realizada por el gobierno guyanés con la empresa Exxon Movil, es un aprovechamiento del hecho ilícito que violenta las leyes y tratados internacionales.
Concluyó al señalar que la comisión especial sirve de apoyo al Gobierno de Venezuela y que el 6 de abril de 2024 los representantes del Ejecutivo Nacional deben presentar pruebas ante la CIJ de la soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba.
Con información de El Universal
