Soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos, son los delitos por los cuales es acusado al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por parte de la Fiscalía General de Colombia.
«A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal», se lee en un comunicado emitido por el del Ministerio Público.
En el documento se llama a recordar que esta causa avanzó tras la negativa de sendas solicitudes de preclusión «que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes«.
El documento precisa que la audiencia de formalización de la acusación tendrá lugar una vez que el Circuito Judicial de Paloquemao de Bogotá «cumpla con el reparto y se conozca el juzgado» al cual quedará asignada la causa. Aún no está claro cuándo iniciará el proceso judicial contra el exmandatario.
Como parte de las garantías procesales, el comunicado puntualiza que «el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo».
Los medios colombianos refieren que la nueva determinación incluye nuevas prueba, como las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez.
Se trata de una de las decisiones de mayor trascendencia político-judicial tomadas bajo la administración de la recién designada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la gestión de su predecesor, Francisco Barbosa, se solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso, pero la Justicia lo negó.
Todo inicio en el año 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia impidiera abrir una investigación en contra de Cepeda, por el contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima.
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Al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda, se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información.
El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público.
Entre el 2020 y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero el pasado noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante.
Fuente: El Universal
