La administración de Donald Trump canceló los números de Seguro Social de 6.300 inmigrantes, en su mayoría latinos, para limitar las posibilidades de éstos a trabajar, tener cuentas bancarias, e incluso acceder a un seguro médico.
De acuerdo con varios reportes, el gobierno estadounidense introdujo en el llamado “archivo maestro de defunciones” los nombres de estas personas que entraron de manera legal al país, como una estrategias para obligarlos abandonar EEUU.
“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse. Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense”, aseguró en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston.
En este sentido, el New York Times señaló que el responsable de entregar la información de los migrantes a la administración de Seguridad Social es Aram Moghaddassi, ingeniero de software para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
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En la lista se encuentran extranjeros que funcionarios de seguridad nacional de EEUU habían identificado con estatus legal temporal, pero que ahora figuraban en «la lista de vigilancia terrorista» o tenían antecedentes penales del FBI.
En la referida lista también hay unos 1.000 cobrando beneficios a través del programa de seguro de salud Medicaid, 41 cobrando el seguro de desempleo y 22 recibiendo préstamos estudiantiles.
El diario The Washington Post reveló que los próximos en el listado serían unos 92.000 inmigrantes indocumentados con algún tipo de condena penal. Luego les tocaría a los indocumentados sin antecedentes penales.
“La inclusión de los inmigrantes en la base de datos significa que ahora serán tratados como muertos por muchas agencias federales, empleadores, arrendadores y bancos”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al Post.
Persecución sin precendentes
Esta nueva acción de Donald Trump contra los inmigrantes se suma a dos nuevas medidas impuestas a principios de la presente semana para acorralar indocumentados o con estatuis legal frágil.
La primera de estas medidas tiene que ver con la revocatoria del estatus legal temporal otorgado a migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, utilizada durante el gobierno de Joe Biden.
Desde enero de 2023, más de 900.000 personas accedieron a EE.UU por esta vía, recibiendo permisos temporales de permanencia y autorización para trabajar. Sin embargo, la nueva administración ha considerado que el uso de esta figura legal —conocida como “parole”— exacerbó la crisis fronteriza y comprometió la seguridad nacional.
La otra medida notificada por el gobierno de Trump, impone multas a migrantes indocumentados de hasta $998 por día si no salen de Estados Unidos y promete confiscar sus propiedades si no pagan dicha multa.
Con información de UN.
