La Policía panameña informó este lunes sobre la judicialización ante la Procuraduría y jueces de paz de 562 personas por hechos de vandalismo, daños a la propiedad y otros delitos cometidos durante los seis días de protestas esta semana en rechazo al contrato ley de Cobre Panamá, que promulgó el Gobierno panameño la semana pasada.
Detalló que entre los casos hay 89 de menores de edad, por su supuesta participación en actos vandálicos, según consignó en un comunicado.
La Policía informó también que 54 comercios fueron vandalizados, además de 16 instituciones gubernamentales, de ellas, siete oficinas, cinco estaciones de cámaras y dos estaciones del sistema de transporte Metro que opera en la capital panameña.
Las autoridades reportaron, además, que 34 efectivos de la Policía resultaron lesionados, nueve por agresión física y 17 por objetos contundente.
Asimismo, el balance menciona que 37 vehículos resultaron afectados, de los cuales 15 fueron vandalizados, cinco incendiados; entre los cuales hay automotores policiales, particulares y de otras oficinas estatales.
Desde las primeras horas del lunes se han dado cierres de importantes vías en la capital panameña y en otras partes de Panamá, por las marchas y concentraciones, con la masiva participación de obreros de la construcción, educadores, indígenas, estudiantes y representantes de otros sectores de la sociedad civil, que demandan la derogatoria del contrato ley del proyecto Cobre Panamá y una ley de moratoria minera en el país.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, decretó este domingo una moratoria minera en su país, pero gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, u otras organizaciones, han insistido en la posición a favor de una moratoria a la minería que se formalice a través de una ley.
El Gobierno de Cortizo promulgó la ley del nuevo contrato, el mismo día en que fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional de Diputados, que renegoció además con la empresa Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum, como una alternativa para darle seguridad jurídica al proyecto, que se desarrolla al noroeste del país.
En un fallo de julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley de febrero de 1997 que aprobó el contrato alcanzado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla (actualmente Minera Panamá), lo que tuvo que ver con la necesidad de negociación de nuevas condiciones en la concesión.
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En medio de las manifestaciones que han generado pérdidas económicas y afectado esta semana las jornadas laboral y educativa, se han dado también enfrentamientos y robos, de acuerdo con los reportes de las autoridades.
Con información de Globovisión
