Con este crimen, ascienden a 27 los líderes que perdieron la vida de manera violenta en lo que va de 2024
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de Colombia, denunció este martes el asesinato en el municipio de Tame, departamento de Arauca (noreste), del líder social Josué Castellanos Pérez, hecho que ha sido repudiado por numerosas organizaciones.
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Líder social
De acuerdo con Indepaz, era un reconocido líder comunitario y campesino en el sector del Botalón, Arauca, donde ayudaba a fortalecer las Juntas de Acción Comunal e impulsaba proyectos productivos de plátano.
Con su muerte, ascienden a 27 los líderes que han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2024.
Castellanos Pérez fue secuestrado por encapuchados armados que luego lo balearon. Estos fueron al lugar donde participaba en una reunión, ubicado en las cercanía del casco urbano de Tame, intimidaron y desarmaron a su esquema de seguridad y se llevaron al líder social.
Red de organizaciones de los DDH
Una red de organizaciones sociales y de derechos humanos, denominada Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, responsabilizó de su muerte a una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) que opera en Arauca.
Esta red denunció que Castellanos Pérez, de 42 años, había sido declarado objetivo militar desde enero de 2022 por ese grupo armado.
Añadió que al ser secuestrado y asesinado, el líder social y otras personas analizaban problemáticas de la educación rural en Tame, como la marcha del programa alimentario escolar, el transporte para niños y jóvenes y la falta de docentes, con la intención de abordar estos asuntos en la mesa de interlocución con el Estado.
La Coordinación rechazó la sistemática campaña de estigmatización contra los líderes sociales que realizan políticos de la derecha, empresas petroleras y medios de comunicación.
Pronunciamiento
El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Nasser Antonio Cruz Matus, repudió el crimen y exigió una investigación exhaustiva.
En una declaración, el funcionario expresó que «es inaceptable que en un país que busca la reconciliación y la paz, continúen ocurriendo actos de violencia contra quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades».
El crimen también fue rechazado desde la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras (adscrita al Ministerio de Agricultura) y la Fundación para la Observación e investigación de Derechos Humanos y el Desarrollo (Foidhd).
Telesur
