La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno de Estados Unidos no tiene dudas de que los migrantes venezolanos enviados y encarcelados en El Salvador son miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Leavitt aseguró en una rueda de prensa que la decisión del Gobierno de Donald Trump se basó en «información de inteligencia» de las autoridades fronterizas y de inmigración.
«Puedo asegurar al pueblo estadounidense que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria. Se toman esto muy en serio», aseguró la portavoz.
«Los hombres y mujeres sobre el terreno, en el interior de nuestro país, finalmente pueden hacer su trabajo. Sus manos estaban atadas bajo la administración anterior, pero se toman su trabajo muy en serio. El pueblo estadounidense debe confiar en ellos y respetarlos con esta operación», añadió.
Rechazo a decreto para impedir la deportación
En el mismo sentido se expresó el subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien negó este lunes que el juez federal que bloqueó temporalmente la ley para acelerar las deportaciones tenga competencias para hacerlo.
«Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», dijo a los medios Miller, el arquitecto de la política migratoria de Trump.
Además, la Casa Blanca negó este lunes que el Gobierno ignorara la orden judicial emitida el sábado para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la ley de enemigos extranjeros y aseguró que el decreto del juez federal carece «de fundamento legal».
«La Administración no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan», escribió hoy en un mensaje en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
«Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en varias ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada», añade.
La ley para que Estados Unidos deporte venezolanos
El sábado el juez federal James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.
Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial y Trump acudió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.
«Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que iban a expulsarse físicamente de territorio estadounidense», concluye el mensaje Leavitt.
Venezuela dice que es un secuestro
Por su parte, Venezuela dijo este lunes que el traslado de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador, el domingo, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump, fue un «vulgar secuestro», y denunció que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso.
«Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador, ¿por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se le ha demostrado delito, en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso», dijo el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.
Además, Rodríguez advirtió que no descansará hasta rescatar a los que considera «secuestrados» en El Salvador.
«No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador», aseguró en una conferencia de prensa Rodríguez.
Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas acusadas de supuestamente ser integrantes de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.
Crímenes de lesa humanidad
Mientras tanto, Venezuela advirtió que acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos, afirmó este lunes el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.
«Lo que se está cometiendo contra los venezolanos, secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América, es un crimen de lesa humanidad», indicó Rodríguez en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Venezolanos deportados a El Salvador por Estados Unidos
En un primer momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a entender que el Gobierno había ignorado abiertamente la orden cuando informó el sábado de que trasladaron a unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador.
La Casa Blanca está dispuesta a llevar al Tribunal Supremo el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite las deportaciones sin una audiencia previa, según adelantó el domingo el medio Axios citando a funcionarios de la oficina presidencial estadounidense.
Mientras que, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este lunes las deportaciones a una cárcel de El Salvador realizadas durante el fin de semana, después de que la Administración del presidente, Donald Trump, ignorara una orden judicial para devolver dos aviones cargados de presuntos pandilleros venezolanos.
Homan aseguró a la prensa que la orden del juez llegó demasiado tarde y que para entonces, el avión «ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y amenazas significativas a la seguridad pública».
Desde su posición, el presidente «hizo exactamente lo correcto», y consideró que la «eliminación» de «terroristas» del país «debía ser una celebración».
Machado y González Urrutia piden evitar «injusta criminalización»
Los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron este lunes evitar la «injusta criminalización» de los migrantes venezolanos, a propósito de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de enviar a cerca de 250 personas a El Salvador acusadas de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua, la banda transnacional que nació en una cárcel del país caribeño.
A través de un comunicado conjunto, los opositores exhortaron a «las autoridades competentes» de los países del mundo a «extremar las precauciones al administrar justicia» y, además, a distinguir «entre criminales empleados por el régimen de (Nicolás) Maduro para delinquir en el extranjero y la gran mayoría de migrantes inocentes».
En este sentido, los opositores venezolanos solicitaron «un régimen de protección» para los migrantes de su país como «un paso previo y provisional» de su retorno a Venezuela, ya que -agregaron- la «inmensa mayoría son ciudadanos de bien» que huyeron de la Administración de Maduro y no pueden regresar al país «mientras éste no sea desalojado del poder».
Apoyo a medidas legales contra criminales
«Confiamos en el Estado de derecho que rige en los países democráticos -y del que hoy carece Venezuela- para que los venezolanos de bien puedan gozar de toda la protección y el amparo que les brinda la ley», indicaron Machado y González Urrutia.
Además, los políticos respaldaron «las medidas que, en el marco de la ley y del debido proceso», desarrollan los Gobiernos Estados Unidos, Chile y «demás aliados de la causa por la libertad en Venezuela» para «identificar, detener y penalizar a quienes integran o apoyan al Tren de Aragua y otras redes criminales», que -aseguraron- son «dependientes o asociadas a Nicolás Maduro».
Machado y González Urrutia se ratificaron en lo que aseguran son los «nexos» de la Administración de Maduro con el Tren de Aragua, contrario a lo que afirma el chavismo, que vincula a esta banda -que insiste fue desmantelada-, con el «extremismo opositor venezolano».
Información de: EFE
