Al ser preguntado por una periodista brasileña por su visión en torno a las relaciones con Brasil y Latinoamérica en su segundo mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante en su respuesta:
«Nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Todo el mundo nos necesita».
No obstante, Trump matizó que esperaba que las relaciones bilaterales con Brasil, al mando del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, sean «excelentes» durante su mandato.
Aunque las palabras de Trump, ya en la Oficina Oval, dejan entre ver la lógica en la que su segunda Administración se basará para relacionarse con los países latinoamericanos, son las primeras acciones que ha tomado el republicano tras regresar a la Casa Blanca las que materializan las preocupaciones que la región ha sostenido desde su elección presidencial el pasado mes de noviembre.
Mientras ha mostrado un acercamiento con Gobiernos de tendencia derechista como el de Javier Milei (Argentina) o Nayib Bukele (El Salvador), con otros, del otro espectro, como el de Venezuela, aún existen dudas,
En todo caso, dentro de sus primeras 40 órdenes ejecutivas, Trump ha traído a la realidad múltiples amenazas que empuñó, como candidato presidencial y hasta semanas antes de su investidura, trazando una ruta para la política exterior estadounidense en Latinoamérica más estricta, violenta y hasta amenazante con la soberanía de numerosos países en la región.
El nuevo mandatario estadounidense oficializó sus primeros movimientos en el tablero latinoamericano: ordenó la instauración de la ‘emergencia nacional’ en la frontera sur, movilizando miles de tropas en la zona; suspendió las actividades de la aplicación CBP One; reinstauró la polémica política migratoria de ‘Quédate en México’; designó a los narcotraficantes como ‘terroristas’ y reintegró a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo.
Por otro lado, el magnate neoyorquino continúa con sus amenazas de «recuperar el Canal de Panamá», abordando el tema desde su discurso inaugural y señalando al Gobierno panameño de haber entregado a China la administración del codiciado paso marítimo. Sin embargo, por el momento, las amenazas no han tomado tintes de realidad.
Los Gobiernos de México, Panamá y Cuba ya han reaccionado, respondiendo frontalmente a los decretos con llamados a la calma y la negociación, aunque también han reafirmado la necesidad de que Washington respete su soberanía e impulse un trato horizontal.
Y cerrando filas con sus homólogos, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, calificó de «peligroso» el aislacionismo que Trump propone, aunque remarcó que «el que se debilita es el que se queda solo».
«Yo te diría que el anuncio de que estamos solos y no nos importa Latinoamérica, etcétera, es un anuncio peligroso, no para el mundo solamente, sino para la misma sociedad norteamericana», dijo el presidente colombiano ante periodistas locales, subrayando que es esencial la unidad internacional para afrontar retos de magnitud global, como la lucha climática.
Empero, algunas voces han expresado su preocupación sobre los posibles efectos de las primeras órdenes ejecutivas de Trump en la Casa Blanca, y sobre la posibilidad de que Washington continúe con esta tónica en los próximos meses.
«Está amenazando a los países latinoamericanos (…) Hay formas de decir las cosas. Mi esperanza es que Marco Rubio, nuevo secretario de Estado, pueda maniobrar y negociar estos temas, pero no en la forma en la que Trump se está expresando», dijo a France 24 el analista Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, al remarcar que, en cualquier otro momento histórico, las políticas amenazantes del trumpismo podrían ser consideradas «declaraciones de guerra».
«Cabeza Fría»: Sheinbaum llama a la calma en México
México fue uno de los blancos principales de los primeros decretos trumpistas en política exterior.
Después de que Trump impulsará nuevas acciones para «detener la invasión» de personas migrantes en situación irregular en territorio estadounidense, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió calma a sus connacionales en el extranjero, asegurándoles que siempre actuará «en defensa de la soberanía e independencia».
«Es importante tener la cabeza fría (…) Vamos a actuar en apoyo y solidaridad con nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos», dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina del 21 de enero, además de expresar que muchas de las medidas que Trump ha oficializado, son acciones que ya tomó en su primer mandato.
México es el país con más connacionales con una situación migratoria irregular viviendo en Estados Unidos: alrededor de cuatro millones de mexicanos viven sin los documentos necesarios para acreditar su estancia en el país, según datos del 2022 del Pew Research Center.
En torno al regreso del programa ‘Quédate en México’ – que convierte a la nación latinoamericana en un ‘tercer país seguro’ a donde Washington puede devolver personas migrantes en situación irregular de otras nacionalidades para que esperen el avance de su proceso migratorio fuera de Estados Unidos –, el Gobierno de Sheinbaum sostuvo que no tiene la obligación legal de colaborar con esos planes.
Empero, siempre en un tono conciliador, Sheinbaum aclaró que su Administración va a ponerse en comunicación con el Gobierno estadounidense en los próximos días para coordinar los próximos esfuerzos bilaterales en materia migratoria, mencionando, de nueva cuenta, que velará por el bienestar de sus connacionales en territorio estadounidense.
Sobre la designación de los carteles de narcotráfico como terroristas, la actitud de Sheinbaum fue menos diplomática. La presidenta recordó que «dentro de Estados Unidos también operan grupos criminales», mencionando que, aunque Washington tiene el derecho de tomar medidas contra el narcotráfico, no va a permitir que estas traspasen la «soberanía e independencia» mexicana.
“Lo que vamos a buscar es la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía”, esbozó la mandataria.
La designación de los carteles de narcotráfico mexicanos como ‘grupos terroristas’ no preocupa por cuestiones de lenguaje y nomenclatura, sino por la posibilidad de que Washington justifique una intervención militar en suelo mexicano en nombre de la guerra contra el terrorismo. Una opción que ya ha sido barajada en el pasado por congresistas de línea dura dentro del Partido Republicano y que el mismo Trump no ha descartado.
«Esto generaría una crisis hemisférica, porque México recibiría una contundente solidaridad inmediata de otros países latinoamericanos, como Brasil o Colombia (…) Sería un precedente muy peligroso y dejaría muy trastocada la relación de EE. UU. con América Latina”, sostuvo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), para el canal alemán ‘DW’.
«Tomar el Canal de Panamá socavaría gravemente la posición de EE. UU. en América Latina»
Más al sur, las amenazas trumpistas por tomar el canal de Panamá comienzan a encender las alarmas en el Gobierno del presidente derechista José Raúl Mulino.
Después de que el nuevo mandatario estadounidense refrendará sus pretensiones por «recuperar» el Canal de Panamá, argumentando que Washington ha sido «tratado muy mal por este imprudente regalo», el Gobierno panameño emitió una reacción casi inmediata a las nuevas amenazas del republicano, rechazando «de manera integral» las palabras de Trump y recordándole que «el Canal es y seguirá siendo de Panamá».
En una carta publicada en sus redes sociales, Mulino se dirigió a su homólogo estadounidense para repetirle que «no hay presencia de ninguna nación del mundo» que interfiera con la Administración panameña del Canal. Esto ante la teoría trumpista de que China es quien controla el paso marítimo y la que impulsa precios más altos para los buques estadounidenses que quieren cruzar por ahí.
Aunque Trump aún no toma medidas concretas para materializar sus amenazas en torno al Canal de Panamá, algunos analistas ya han expresado su preocupación por la posibilidad de que Washington utilice la fuerza militar para desplazar a Panamá de la administración del paso. Un futuro con el que Trump ha coqueteado en las últimas semanas.
«Si Trump siguiera adelante y tomara el Canal por la fuerza, socavaría gravemente la posición de Estados Unidos en América Latina. Peor aún, también podría animar a muchas de las naciones temerosas a buscar abiertamente alianzas militares con enemigos de Estados Unidos, como Rusia, China e Irán, un resultado que estaría lejos de reforzar la seguridad estadounidense», escribió Amalendu Misra, profesor de Política Internacional, en la revista ‘The Conversation’.
Ante la posibilidad, por ahora remota, de que Estados Unidos emprenda una campaña militar en contra de Panamá, el Gobierno del país latinoamericano ya ha llevado sus preocupaciones a la arena internacional.
Este 21 de enero, la Administración de Mulino envió una carta a las Naciones Unidas alertando a sus miembros sobre las «preocupantes» palabras de Trump, además de recordar el principio que todos los Estados miembros aceptaron sobre «abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza» contra la «integridad territorial» de cualquier Estado.
«Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas», mencionó el Gobierno panameño en el texto, también solicitando al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir la causa panameña al Consejo de Seguridad.
«Burla y abuso»: Cuba rechaza su reingreso en lista de países patrocinadores del terrorismo
Temprano en su precoz Gobierno, Trump avivó una de las rivalidades geopolíticas más longevas en la historia del continente.
Después de que en el ocaso de su Administración, el demócrata Joe Biden decidiera retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a través de un acuerdo mediado por el Vaticano, el magnate neoyorquino solo necesitó unas horas de regreso en la Casa Blanca para derogar la medida y regresar a la isla al listado, que implica restricciones a sus exportaciones, limitaciones de ayuda externa y la congelación de transacciones internacionales.
La movida de Trump recuerda a la decisión que tomó en 2021, cuando incluyó a Cuba en la lista por primera vez en cuatro años, después de que su antecesor, Barack Obama, decidiera sacar a La Habana del listado después de 30 años, en un esfuerzo por acercar diplomáticamente a Estados Unidos con Cuba.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó la decisión de Trump a través de sus redes sociales, calificándola de «acto de burla y abuso» en contra de la ciudadanía cubana. Afirmó, además, que el objetivo final del republicano es «seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación».
A pesar de la respuesta combativa del presidente cubano, la Cancillería admitió que la decisión de Trump es «muy dañina» para la ya lastimada economía cubana.
«Este nuevo acto de agresión del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano muestra, una vez más, el objetivo verdadero, cruel, despiadado de estas y tantas otras medidas de cerco y asfixia, que con fines de dominación se aplican contra Cuba», indicó el Ministerio de Exteriores cubano a través de un comunicado.
El regreso de Trump y la designación de Marco Rubio como secretario de Estado materializan una posición con respecto a la isla caribeña mucho más apegada a la tradición estadounidense pre-Obama.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, defiende una línea dura en contra de La Habana, abogando por continuar con el régimen de sanciones económicas y políticas contra la isla.
Para algunas organizaciones de la sociedad civil, el regreso de un esquema estricto de sanciones en contra de La Habana que acompaña a la dupla Trump-Rubio no significa la llegada de un futuro democrático a Cuba, sino que más bien un empeoramiento en las condiciones de vida de los cubanos.
«Aunque la nueva Administración debería seguir exponiendo su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, esto no debería ir acompañado de un aumento en las restricciones sobre Cuba, que solo han empeorado la crisis humanitaria en la isla y no han logrado avanzar significativamente en cuestión de derechos humanos o reformas políticas», sentenció la ONG WOLA a través de una nota compartida en su web.
En medio de la incertidumbre cubana, países aliados como Nicaragua, Bolivia y Venezuela han cerrado filas en favor de la isla, arremetiendo en contra de las aspiraciones «imperialistas» de Trump y mostrando su solidaridad con La Habana.
Un gesto que podría ser repetido por otras naciones latinoamericanas menos radicalizadas y que podría significar, de nueva cuenta, una separación política de la región con Estados Unidos.
En su regreso al poder, Trump ha puesto a América Latina en el centro de sus primeros movimientos, materializando un adelanto de lo que serán cuatro años extremadamente complicados para gran parte de países dentro de la región, que lucharán por navegar entre la negociación y la confrontación con Washington.
Información de: Agencias
