Guyana rechaza que Venezuela quiera elegir un Gobernador para el Esequibo

El Gobierno de Guyana confrontó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por querer nombrar un gobernador en el territorio en disputa del Esequibo o Guayana Esequiba, al considerar que está violando las disposiciones del Acuerdo de Argyle y de “la orden vinculante” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro el 7 de enero sobre la elección de un “gobernador de la Guayana Esequiba” por “el pueblo de la Guayana Esequiba” constituye, según el Gobierno guyanés, “una violación directa” de los compromisos enmarcados en el Acuerdo de Argyle, firmado en presencia de interlocutores regionales e internacionales.

Este acuerdo, “compromete inequívocamente a Guyana y Venezuela a abstenerse de escalar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de la controversia territorial entre ambos Estados”, dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana.

Según expresó, “esto incluye abstenerse de acciones que puedan agravar las tensiones o alterar la situación actual en el territorio en disputa, hasta su resolución de conformidad con el derecho internacional”.

Dijo además que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en 2023 que Venezuela se abstuviera de cualquier acción que pudiera modificar la situación imperante en el territorio en disputa, actualmente administrado por Guyana.

“La Orden también enfatizó que ambos Estados deben evitar acciones que puedan agravar o extender la disputa o hacerla más difícil de resolver. (…) La declaración del presidente Maduro, junto con cualquier acción para integrar la región del Esequibo en el marco administrativo de Venezuela (…) representa un flagrante desprecio de esta orden vinculante”, explicó.

Maduro ha dicho que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en la disputa con Guyana por el Esequibo: “Venezuela no acepta ni aceptará colonialismo judicial. Como nación, jamás hemos reconocido que la Corte Internacional de Justicia dirima la controversia limítrofe sobre el Esequibo. Es una posición histórica que mantendremos siempre”, escribió en marzo del año pasado en X.

Escala la tensión por el Esequibo

Maduro dijo esta semana que en las elecciones regionales de este año se tiene previsto que los venezolanos elijan los “consejos legislativos de las 24 gobernaciones”, entre ellas, la del “estado de la Guayana Esequiba”.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana dijo que “los habitantes de la región guyanesa de Esequibo son ciudadanos guyaneses que viven en territorio soberano de Guyana”.

“Sería una violación flagrante de los principios más fundamentales del derecho internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que Venezuela intentara llevar a cabo unas elecciones en territorio guyanés con la participación de ciudadanos guyaneses”, expresó.

Guyana dijo que se reserva el derecho de solicitar a la CIJ “medidas provisionales adicionales en caso de que Venezuela dé cualquier paso hacia la realización de sus llamadas ‘elecciones’ en territorio guyanés o que involucren a nacionales guyaneses”.

Leyes y consultas populares, la fórmula de presión de Venezuela

A comienzos del año pasado, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, promulgó la denominada Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo, que apunta a la creación del estado de Guayana Esequiba, que sería administrado desde la ciudad de Tumeremo.

Según Maduro, la Ley, “ratificada en su carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia”, recoge las respuestas de los ciudadanos venezolanos en el referendo consultivo sobre el Esequibo convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela el 3 de diciembre de 2023.

A finales de 2023, el Gobierno de Venezuela realizó una consulta popular no vinculante sobre la anexión del Esequibo, con un 95% de votos a favor, según cifras del chavismo.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), un total de 10′431.907 venezolanos votaron en el referendo no vinculante.

Según el Gobierno de Venezuela, la consulta representa “un mandato inapelable para las instituciones venezolanas sobre la ruta a seguir para la solución de esta controversia territorial, que es el Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes en 1966″.

Información de: Bloomberg