La escasez de agua es alimentada por un desarrollo no-sostenible que elimina biodiversidad (Shiva, 2007). El Pacific Institute ubica este despropósito en 6 segmentos: control por los recursos hídricos, usos militares, usos políticos, terrorismo, objetivo militar, disputas del desarrollo; agudizados por la visión neoliberal sobre este bien común de la humanidad.
De cada 40 países que firman convenios con el FMI, doce adoptan medidas de ajuste estructural que incluyen la privatización del agua (Black, 2005), aumentando la conflictividad social que facilita las guerras por el agua.
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El saldo es: 1,2 millones de niños y adolescentes mueren anualmente por diarrea y, enfermedad relacionada con el acceso al agua, especialmente en los países del Sur. El proyecto de la corporocracia global del es desestatizar y evitar el control comunitario de los yacimientos de agua. América Latina es el gran desafío, en particular la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que posee un volumen de 55 mil kilómetros cúbicos de agua.
De los 1,4 miles de millones de km3 de agua que existe en el mundo, sólo 2,5 % es agua dulce, el resto es potabilizable con costosos procesos de desalinización que pocos gobiernos pueden implementar (Gómez y Dourado, 2017). La Triple Frontera, está proyectada por el Pentágono, como base militar, inteligencia geopolítica, logística y sede diplomática, desde 1999, con el pretexto de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”, para asegurar su control a expensa de la extinción de los pueblos originarios, pequeños agricultores, medianos productores y comunidades de la zona, con la consiguiente hambruna en la región (Gómez y Dourado, 2017). Ante ello, latinoamérica se convierte en un tesoro codiciado por las corporaciones globales del agua.
Alfredo Tona/ Con información Globovisión
