Un total de 80 familias se encuentran bajo la amenaza de un posible desalojo de sus viviendas, ubicadas en el «Viviendo La Cruz», en la calle 26 con Av. Libertador; por una disputa legal con la Cooperativa Santa Cruz, la cual presuntamente alega poseer la propiedad de los terrenos ocupados.
Dicha disputa, se acrecentó desde el año 2022, cuando fueron notificados a través de los tribunales para ser desalojados de los terrenos que ocupan desde el año 2017, fecha desde la cual han estado construyendo y constituyendo una serie de «viviendas dignas».
José Alberto Barrios, uno de lo afectados por la mencionada situación, señala que les han citado a «través del tribunal penal de control 1, llevado por la jueza Maryori Pargas», esto con la intención de privarles de libertad a la mayoría de los habitantes según lo que indica Barrios.
Además de ello, menciona que han sido «amedrentados por alguno grupos «vándalos» que fueron supuestamente pagados por la administración de la cooperativa», razón por la cual sienten temor por su integridad personal.
Explica también, que los terrenos que ocupan, fueron «ejidos», lo que les dio paso a usarlos para edificar sus propias casas, pues la cooperativa «eran dueños de la estructura más no de la tierra».
«Ellos andan buscando una orden de desalojo y demolición de las viviendas» indica Barrios sobre las presuntas intenciones de la cooperativa.
Indica que, a lo largo de los años, han podido colocar todos los servicios básicos como agua, gas natural, electricidad, y desagüe, además de contar con internet y televisión satelital.
Esto, siendo aprobado previamente por la prefecta de la parroquia unión de ese entonces, en conjunto con la UBCH del Barrio La Cruz.
Sin embargo, a pesar de todo, no han conseguido un apoyo por parte de las autoridades competentes en la región larense, por lo que realizan un llamado conjunto para que les tomen en cuenta la denuncia.
Recalca además, que los terrenos tenían un aproximado de 70 años sin un uso previo, el cual tenía una gran cantidad de ‘monte’, y basura, hasta el momento que deciden ocuparlo para residir.
En este sentido, le hace un llamado a las autoridades regionales y nacionales, para que intercedan por ellos en su disputa legal, recordando que «hay niños, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad que no tienen a donde ir».
Rubén Conde/Noticias Barquisimeto.
