El presidente estadounidense Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impedir que los migrantes irregulares y aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios reciban los beneficios de la Ley de Seguridad Social, incluidos el seguro de desempleo y el seguro de discapacidad, Medicare, entre otros. «Los principios de [una] buena Administración exigen que los beneficios financiados por los contribuyentes se proporcionen solo a las personas elegibles y no alienten ni recompensen la migración [irregular] a Estados Unidos», dice el documento dado a conocer por la Casa Blanca. En ese sentido, el texto presidencial ordena a la secretaria del Departamento de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, y al de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como al comisionado del Seguro Social, Martin O’Malley, «tomar todas las medidas razonables (…) para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas». Entre las medidas, precisa la orden, los funcionarios deben emprender «acciones de cumplimiento civil o administrativo contra los estados, localidades u otros beneficiarios o sub-beneficiarios similares que no tomen las medidas adecuadas para verificar la elegibilidad». El documento también establece que la fiscal general, Pam Bondi, y el comisionado O’Malley deben ampliar el programa de fiscales generales especializados en fraude, y ha asignado fiscales a al menos 50 dependencias antes de octubre de este año. Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de establecer un programa similar en relación con Medicare y Medicaid, donde operan en al menos 15 fiscalías para la misma fecha. Asimismo, el memorándum instruye al comisionado del Seguro Social a adoptar medidas derivadas de un informe que supuestamente identificó falta de registros de defunciones en el Sistema de Administración del Seguro Social. Se trata de la auditoría A-06-21-51022, que detectó pagos indebidos y actividades ilícitas. Además, ordena remitir al inspector general de la Administración del Seguro Social los casos en los que personas de 100 años o más registren ingresos que no coincidan con sus datos, pues esto podría indicar fraude o robo de identidad. Será el comisionado quien revise si es posible aplicar sanciones pecuniarias civiles, de acuerdo con el artículo 1229 de la Ley del Seguro Social. El texto precisa que la implementación de esta orden se realizará conforme a las leyes aplicables, sin modificar la autoridad legal de agencias. Carla Martínez / Con información de VTV

El gobierno de México informó que los incendios forestales, especialmente en las áreas naturales del centro y norte del país, han devastado más de 40.000 hectáreas de bosques y pastizales, en un contexto climático que favorece la propagación de estos siniestros. Actualmente, más de 100 incendios son combatidos por diversas instituciones, que incluyen la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina Armada y la Comisión Nacional Forestal. La situación es atendida por las autoridades con el objetivo de prevenir mayores daños a las zonas naturales de la nación. Según reportes del gobierno federal, alrededor de 114 incendios forestales están activos en 23 de los 32 estados mexicanos, que afectan áreas boscosas. «Hasta el 31 de marzo del presente año, el 42.8 por ciento del territorio nacional presenta condiciones de sequía, lo que se considera una de las razones más graves y alarmantes. La vegetación se encuentra extremadamente seca, lo que facilita la propagación de los incendios», de acuerdo con las declaraciones de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, quien mencionó que esta situación genera un entorno propicio para el surgimiento de nuevos fuegos. La funcionaria destacó que, afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales debido a este fenómeno, aunque cerca de 40.000 hectáreas de bosques han sido dañadas por el fuego. De los 114 incendios activos, 46 han logrado un avance en su control del 80 al 100 por ciento, mientras que los 68 restantes son atendidos sin representar, hasta el momento, un riesgo para la población. Los siniestros han afectado un total de 38.405 hectáreas, y actualmente casi 4.000 combatientes trabajan para controlar los incendios forestales en todo el país. Algunas investigaciones en curso sugieren que estos incendios pudieron haber sido provocados intencionalmente. Carla Martínez / Con información de VTV

En una jornada cargada de emoción y tensión, Dalma Maradona, hija mayor del fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que se sigue en Argentina contra el equipo médico que atendió a su padre. Con contundencia, Dalma afirmó que la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, «se podría haber evitado» si los profesionales de la salud «hubieran hecho su trabajo». «Si ellos hubieran hecho su trabajo esto se habría evitado», sentenció Dalma Maradona, quien se presenta como querellante en la causa que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, en la periferia norte de Buenos Aires. La hija del ídolo argentino no dudó en expresar su dolor y acusar al equipo médico: «Nos engañaron de la manera más cruel». Sus fuertes declaraciones apuntaron directamente a tres de los principales imputados en el caso: el médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Los tres enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura legal que implica que eran conscientes de que sus acciones podían causar la muerte del paciente, lo que podría acarrear penas de entre 8 y 25 años de prisión. Cabe destacar que una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado. Dalma, de 38 años, relató ante el tribunal que Leopoldo Luque aseguró a la familia que la internación domiciliaria era la «única opción» tras la neurocirugía a la que fue sometido su padre. Además, según su testimonio, Luque les garantizó que Maradona recibiría en su hogar los mismos cuidados que en una clínica, incluyendo atención médica las 24 horas, ambulancia y aparatología. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: «Era una casa donde de vez en cuando un médico iba a verlo», describió Dalma, añadiendo que la vivienda «era un asco y había olor a pis». Testimonio de un amigo cercano revela preocupación por la adicción, no por el corazón Antes de la declaración de Dalma Maradona, el abogado y empresario Víctor Stinfale, quien se presentó como amigo y asesor legal de Diego Maradona desde 1998, también ofreció su testimonio. Stinfale recordó una reunión clave entre familiares y médicos donde se decidió la internación domiciliaria, destacando que la principal preocupación se centró en evitar el acceso de alcohol a la casa del Diez. «Se preocuparon por la adicción de Diego y no se preocuparon por el corazón», lamentó Stinfale. «Que se haya muerto Diego porque no entraron a verle a cuánto le latía el corazón y si estaba hinchado, como muestran los medios, me parece una bestialidad». El testigo reveló que llevó al médico Rodolfo Benvenutti a dicha reunión, quien especificó los cuidados necesarios en el domicilio, incluyendo la presencia de una ambulancia. Sin embargo, «lo que se habló en esa reunión no sucedió». Stinfale describió a Luque como «amigo de Maradona» y la persona encargada de facilitar la atención de otros médicos. En sus declaraciones, Stinfale también señaló la falta de firmeza del equipo médico para lidiar con Maradona en sus últimos días, ya que «eran todos empleados» y «era muy difícil decirle que no». La audiencia de este martes concluyó pasadas las 18:50 hora local y se espera que continúe el próximo martes. La fiscalía aún no ha revelado la identidad de los próximos testigos en este crucial juicio que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de uno de los íconos más grandes del fútbol mundial. Carla Martínez / Con información de NotiTarde