Adrianyela Contreras, una migrante venezolana, llegó a México en septiembre de 2024 junto a su hija de dos años luego de haber caminado por semanas y cruzado el peligroso tapón del Darién. Allí, intentó por cinco meses conseguir una cita para entrar legalmente a Estados Unidos como solicitante de asilo, pero el 20 de enero su plan se vino abajo. Debido a una de las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en su primer día como presidente, la aplicación para pedir citas en el puesto de control fronterizo dejó de operar y las que estaban agendadas fueron canceladas. Cruzar de forma irregular tampoco era una alternativa para ella. «Si llegabas a la frontera, obviamente te iban a coger y te iban a deportar a Honduras o Guatemala», señala Adrianyela. Entonces, ella y varios cientos de migrantes en una situación similar tomaron la decisión de emprender su camino de regreso hacia Venezuela. BBC Mundo habló con Adrianyela y otros dos migrantes mientras se encontraban en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas, en Panamá, muy cerca del tapón del Darién. Esta es la historia de su desesperada búsqueda de una manera de volver a Venezuela sin tener que cruzar de nuevo la espesa selva entre Colombia y Panamá en la que se mezclan las amenazas de la naturaleza con las de grupos armados ilegales. La decisión de devolverse Desde antes de decidir regresar a Venezuela, Adrianyela empezó a tener temor de salir a la calle en México. Sentía que las autoridades migratorias mexicanas la podían detener en cualquier momento y podía terminar perdiendo a su hija. Sus opciones para entrar legalmente a Estados Unidos, cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, se esfumaron rápidamente. Entonces, decidió renunciar al que por más de cinco meses fue su propósito y regresar a su país. Vendiendo dulces, limpiando los vidrios de algunos carros y pidiendo dinero en la calle, reunió lo suficiente para comprar pasajes de bus que la llevaran país por país, tal como lo hizo en el sentido contrario. Le tomó cinco días llegar desde Tapachula, México, hasta Paso Canoas, una ciudad en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Pero el 11 de febrero los migrantes que, como Adrianyela, iban de regreso se encontraron con una barrera humana de funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá que cerró con escudos su paso. «Panamá no nos quería dejar entrar, porque Panamá y Venezuela no tienen ningún convenio», explica Adrianyela. Se refiere a que, desde julio de 2024, las relaciones entre esos dos países están rotas debido a las sospechas de Panamá de que el Presidente Nicolás Maduro hizo fraude en las últimas elecciones presidenciales. Al no haber vínculos diplomáticos, las autoridades panameñas no pueden deportar venezolanos a su país. Entonces, ella y los demás migrantes quedaron varados durante cinco días en un Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM) en Costa Rica. Mientras eso pasaba en la frontera, los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se reunieron para establecer un protocolo para un «retorno seguro, ordenado y humanitario» de los migrantes a su país. Frank Ábrego, el ministro panameño, anunció que la conclusión de la reunión había sido desplazar a los migrantes a la provincia del Darién, para desde ahí facilitarles el retorno a sus países «de forma aérea o marítima». «Nos dejaron aquí engañados» El lunes 17 de febrero, tres buses particulares grandes llegaron a recoger a los migrantes, entre ellos Adrianyela, en el CATEM de Costa Rica. Según relata, les dijeron que los iban a llevar hasta el aeropuerto de San Vicente y que ahí abordarían un vuelo humanitario que los llevaría hasta Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Adrianyela se sintió afortunada porque no hubo cupo para todo el mundo en los buses, pero para ella y su hija sí. Le cobraron US$60. Luego de andar en bus toda la noche, no llegaron a ningún aeropuerto, sino a la Estación Temporal de Recepción de Migrantes (ETRM) de Lajas Blancas. «Nos dejaron aquí engañados. Nos trajeron con mentiras», dice Adrianyela. Lajas Blancas es un lugar de paso al que llegan los migrantes luego de cruzar el Darién en sentido norte-sur. Es vigilado por la autoridad de fronteras panameña y cuenta con la presencia de agencias de la ONU, como la OIM y la Unicef. Ahora que el flujo de migrantes de sur a norte se ha reducido sustancialmente, es a donde están llegando los migrantes que hacen parte del llamado «flujo inverso». BBC Mundo pudo verificar a través de imágenes y varios testimonios las condiciones en las que se encuentran los migrantes allí. Según estos, hay agua, comida y servicios de salud, pero la infraestructura es precaria. Los migrantes están viviendo en casetas de madera y durmiendo en el piso o sobre una cobija. El ministerio de Seguridad de Panamá ha dicho que les está garantizando a los migrantes sus necesidades básicas y su seguridad, pero Adrianyela tiene otra perspectiva. «Esto es plena selva. No hay dormitorios… son cuarticos de palo. Se nos mete la lluvia, el calor es insoportable y los zancudos terribles». Su hija de dos años ha sufrido muchísimas picaduras, por lo que le tuvieron que dar un tratamiento. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en una rueda de prensa que estaban evaluando la posibilidad de trasladar a los migrantes en avión desde allí hacia Cúcuta, tal como le dijeron a Adrianyela. Pero ese plan está lejos de concretarse. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, reaccionó a las declaraciones de Mulino diciendo que la ciudad ya está teniendo que asumir la llegada de 25.000 desplazados por el conflicto armado en la región colombiana del Catatumbo, y que por ende sus capacidades están desbordadas. Por el momento, no se ha conocido que haya un acuerdo oficial para que Colombia reciba a los migrantes venezolanos que se encuentran varados en Panamá. Por lo tanto, el futuro de Adrianyela y de los cientos de migrantes más que están en