El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aplicó una sanción de 10 millones de dólares a la compañía Tiktok por descuido al no frenar la difusión de contenidos relacionados con los conocidos retos virales, que han costado la vida de numerosos jóvenes venezolanos. Según el fallo emitido este lunes 30 de diciembre por la jueza Tania D’Amelio, la multa debe ser abonada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel). Si se incumple, el TSJ adoptará las acciones correspondientes. D’Amelio destacó que para garantizar justicia por la muerte de varios niños y adolescentes en el territorio nacional, el máximo órgano del sistema de justicia impone la sanción “por la falta de control oportuno” de estos contenidos. “El trabajo realizado por esta sala ha demostrado hasta ahora el impacto negativo en el uso excesivo de las redes sociales y se ha evidenciado la responsabilidad de la plataforma TikTok por la falta de control oportuno de los llamados retos virales, cuyo contenido ha afectado la salud y vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseveró.   Además, se solicita a la empresa crear una oficina en Venezuela para poder atender estos casos, y se requiere la expansión de un equipo multidisciplinario en el que se involucren las familias afectadas. Igualmente, la medida añade que, con el dinero recibido por la multa, el Estado venezolano creará un fondo especial de víctimas de Tiktok para resarcir los daños morales, físicos y psíquicos a los usuarios víctimas de la plataforma digital, en particular, niños, niñas y adolescentes. El documento señala que dichas decisiones fueron establecidas luego de un trabajo realizado por la Sala Constitucional que permitió determinar el impacto negativo del uso de las redes sociales y la responsabilidad de la plataforma Tiktok por la falta de control oportuno de los llamados retos virales. La empresa internacional deberá cancelar la multa a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) en un lapso de ocho días siguientes a la publicación del pronunciamiento en la página web. La sanción,indicó la magistrada, se debe a una “negligencia” por no implementar las medidas necesarias para evitar la difusión de estas publicaciones. En un segundo punto, la Sala le ordenó a TikTok establecer una representación y una sede en territorio venezolano, la cual será supervisada por la comisión de telecomunicaciones. De igual manera, se instó a la conformación de una mesa técnica con la participación de las familias afectadas para cuantificar los daños de estos retos a las tres víctimas mortales, a los hospitalizados y con afectaciones psicológicas y emocionales. Con la multa, el Estado creará un fondo para las víctimas que se destinará a resarcir los daños psíquicos, físicos y emocionales.  Actuaciones del TSJ D’Amelio informó que la plataforma entiende las implicaciones de la distribución de retos virales para la población venezolana, según la respuesta entregada al Gobierno de Nicolás Maduro. Desde la denuncia del Gobierno, la Sala ha recibido a las familias de las víctimas, organizaciones, iglesias y comunidades preocupadas por la situación. La investigación del máximo tribunal contó con la colaboración de Conatel, Cantv y un equipo multidisciplinario de expertos, entre ellos: psicólogos, ciberseguridad y miembros de la salud. Asimismo, la magistrada sostuvo que se ameritan acciones inmediatas para revertir los “potenciales daños” que podrían producir los retos en la nación. Precisó también que los mismos causan depresión, ansiedad y un “peor desempeño académico” en los jóvenes. Recurso de amparo en el país En una audiencia pública en noviembre, el Fiscal General, Tarek William Saab, informó sobre la petición de un amparo para la protección de niñas y jóvenes ante retos en redes sociales, asegurando que «lo que ha ocurrido es un hecho sumamente grave que ha lesionado de manera mortal la vida a tres niños». Saab enfatizó la necesidad de que el Estado implemente acciones efectivas para proteger a los menores, en el contexto de los peligros asociados a ciertos retos en redes sociales que han llevado a consecuencias trágicas. Destacó que el Ministerio Público cuenta con programas diseñados para prevenir el uso de drogas y proteger a los menores de edad. «No podemos permitir que redes sociales operen sin regulación ni consecuencias en Venezuela. Si estas plataformas extranjeras están activas en el país, deben establecer una sede física para atender los reclamos de los ciudadanos», aseveró el fiscal. Además, subrayó que las plataformas deben ser reguladas para frenar la «instigación al odio y la violencia». «Hemos visto cómo se incita a matar y a asesinar sin que haya regulación; este es el momento de actuar», añadió.