La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos cambió al instante los cálculos de millones de migrantes, o potenciales migrantes, en todo el mundo. Pero quizás no de la manera que Trump imaginaba. El republicano ha prometido reducir la inmigración, pero restringir las ya limitadas vías legales de entrada a Estados Unidos sólo hará que esas personas ajusten sus planes y recurran más a los servicios de traficantes, coinciden los expertos. Y, en la gran mayoría de los casos, eso significa ponerse en manos del crimen organizado, que ha hecho del tráfico de migrantes uno de sus negocios más lucrativos. Los posibles afectados son hombres, mujeres y niños de decenas de países. Muchos ya iniciaron el viaje, aunque tuvieran que venderlo todo para financiarlo, incluso sus casas. Los venezolanos siguen llegando a la frontera sur estadounidense, aunque sea más lentamente. Los mexicanos representaron la mitad de las detenciones de la Patrulla Fronteriza en septiembre. Los chinos llegan a través de Ecuador y se abren camino hacia el norte. Los senegaleses compran vuelos con escala hasta Nicaragua para luego seguir avanzando desde ahí. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hay unos 281 millones de migrantes en el mundo, el 3,6% de la población mundial. Según su informe anual, cada vez más personas se verán desplazadas por motivos políticos, económicos o por la violencia, y cada vez más migrantes buscarán asilo. Y advierte que cuando las personas no encuentran vías legales, empiezan a buscar “canales irregulares que son extremadamente peligrosos”. Durante el primer mandato de Trump, las ciudades fronterizas mexicanas estaban saturadas de migrantes. Los cárteles se cebaban en ellos: los secuestraban, extorsionaban a sus familias, los reclutaban a la fuerza para que formaran parte de sus filas. Llegaban por cientos cada día, y miles de personas se veían obligadas a esperar en México el proceso de solicitud de asilo estadounidense, que puede durar años. El gobierno de Joe Biden puso en marcha un programa, llamado CBP One, que puso algo de orden. Desde su introducción a principios de 2023, los migrantes ya no tienen que presentarse en el puesto fronterizo para concertar una cita, sino que pueden hacerlo a través de internet y desde sus propios celulares. Los albergues fronterizos, antaño desbordados, se han vaciado y muchas familias hacen todo lo posible por seguir la vía legal. Trump ha prometido acabar con el CBP One. También quiere volver a restringir el reasentamiento de refugiados en el interior de Estados Unidos, y advirtió durante toda su campaña que emprendería deportaciones masivas. Pero aunque su victoria fue desalentadora y preocupante para quienes están ya en la ruta hacia Estados Unidos, no fue un punto de inflexión. El martes por la noche, Bárbara Rodríguez, una venezolana de 33 años, debería haber estado durmiendo después de caminar más de 13 kilómetros (8 millas) bajo el calor tropical del sur de México junto a otros 2.500 migrantes de distintas nacionalidades. Pero en lugar de descansar, estaba pegada a su celular revisando el recuento de votos en Estados Unidos. Meses atrás, en Caracas, donde vivía, Rodríguez ayudó a la oposición venezolana a supervisar las elecciones en un centro de votación durante los comicios de julio. Después de que el presidente Nicolás Maduro se proclamara reelegido, sus partidarios empezaron a acosar a su familia. “Ese mismo mes decidí cambiar de rumbo: o estaba en riesgo la vida de mi familia o había que salir del país”. En septiembre vendió su casa y dejó a sus tres hijos con su madre. Ahora, su plan de lograr una cita con CBP One para solicitar asilo en la frontera estadounidense y poder entrar legalmente a ese país tiene fecha de caducidad. “Cambiaron los planes, tenemos hasta el 20 de enero”, dijo en referencia a la fecha de toma de posesión del próximo presidente. Por eso, aunque durante su viaje ya vivió lo que era estar secuestrada, no descarta acudir a un traficante para llegar a su destino. Martha Bárcena, quien fungió como embajadora de México en Estados Unidos durante parte del primer gobierno de Trump, reconoció que los migrantes fueron los grandes perdedores de sus políticas y que eso podría volver a ocurrir. “El crimen organizado es el mayor beneficiario, porque ya los ingresos por tráfico ilícito de personas son iguales o superiores a los ingresos de tráfico de drogas”, afirmó. La guatemalteca Estefanía Ramos se despertó preocupada el miércoles en un albergue de Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas. “Estamos viendo qué va a pasar con nosotros”, dijo apesadumbrada la joven de 19 años. “Este no era el plan”. Ella y su marido abandonaron Guatemala después de que, según dijo, una pandilla lo amenazara a él con hacerle daño y a ella con secuestrarla. Llevan tres meses esperando una cita con el CBP One. Hace dos meses tuvieron una niña. El miércoles, cerca del albergue, docenas de solicitantes de asilo con cita esperaban pacientemente a que les llamaran para cruzar el puente internacional. Ramos confiaba en ser pronto una de esas personas. “Si tenemos oportunidad de seguir esperando la cita, la vamos a seguir esperando”, explicó. “Queremos hacer las cosas bien y que la nena tenga una seguridad allá”. Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, una organización no gubernamental de México que ofrece servicios jurídicos, estuvo la semana pasada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el sur del país, donde encontró familias migrantes con niños pequeños viviendo en la calle. “Están cargando sus teléfonos móviles todos los días en algún lugar improvisado en la calle para comprobar (si lograron o no) sus citas CBP One… mientras amamantan a sus bebés y duermen en una tienda de campaña sin agua”, explicó Kuhner. “Las personas que necesitan protección realmente están intentando hacerlo de la manera correcta”. Más restricciones en el ya difícil proceso, tal y como Trump ha anunciado, dejarían a todos los migrantes en una situación mucho más vulnerable y con pocas opciones, dijo Mark Hetfield, CEO de la organización de apoyo