Las autoridades de Colorado (EEUU.), junto con las federales anunciaron esta semana la creación de un «grupo de trabajo» que busca identificar y detener a miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que opera desde hace meses en el área metropolitana de Denver. Desde principios del mes, los departamentos policiales de las principales ciudades de Colorado se encuentran en alerta ante posibles amenazas contra uniformados de ese estado por parte de la organización criminal internacional que comenzó a ganar influencia en Estados Unidos. El Buró de Investigaciones y la Patrulla de Caminos de Colorado encabezarán el nuevo grupo, anunció esta semana el alcalde de Aurora, Mike Coffman. El funcionario señaló que el grupo de trabajo «ya está operando en la práctica desde hace tiempo», pero que ahora se formalizó el acuerdo, que incluye al Departamento de Policía de Aurora (APD, en inglés), para facilitar «interacciones con la comunidad que permitan recibir información de los residentes». «Habrá una fuerte y visible presencia en áreas con concentraciones de inmigrantes venezolanos para que podamos, nosotros mismos o nuestro personal encargado de hacer cumplir la ley a nivel local, estatal y federal, identificar a los delincuentes y arrestarlos», explicó Coffman. El nuevo grupo de trabajo, añadió, permitirá «maximizar resultados, compartir inteligencia y participar en investigaciones conjuntas continuas». En la misma reunión del concejo municipal de Aurora, el subjefe interino del APD, Chris Juul, destacó que el nuevo grupo permitirá determinar «quiénes son, qué están haciendo y cuántos son» los miembros activos de Tren de Aragua en el área de Denver, para conocer «la realidad de la situación en comparación con el resto de la información pública a nivel nacional«. El nuevo escuadrón contará con el respaldo de la Red Regional de Fuerzas del Orden contra la Violencia (RAVEN, en inglés), dependiente del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del Gobierno federal, un equipo especializado en el arresto de «criminales violentos, pandilleros y traficantes de drogas», según detalla su sitio web. La decisión final sobre la formación del grupo de trabajo se tomó después de que entre 3.000 y 4.000 venezolanos se congregaran en el estacionamiento de un centro comercial en Aurora, el pasado 28 de julio, para protestar por los resultados de las elecciones en su país, un evento no autorizado que generó preocupación en las autoridades locales, a raíz de las interrupciones que causó en la localidad. Además, los concejales de Aurora Danielle Jurinsky, Stephanie Hancock y Steve Sundberg mencionaron en una reunión semanal del pasado 8 de agosto que existía «un gran problema de pandillas» en un edificio de apartamentos que posteriormente fue desalojado por la policía local el 12 de agosto, debido a infracciones administrativas. En ese edificio, donde residían unas 3,000 familias venezolanas, se registraron 41 crímenes en 2022, 84 en 2023 y 66 en la primera mitad de 2024, según el APD. El APD también está investigando las condiciones de un segundo edificio de apartamentos, administrado por la misma compañía del otro clausurado, que también cuenta con una mayoría de residentes venezolanos recién llegados. Según la municipalidad local, en este lugar se ha producido recientemente un fuerte aumento de la violencia y criminalidad. El desalojo de este lugar podría comenzar esta misma semana. La policía de Aurora no confirmó ni negó la validez de las declaraciones de los tres concejales, aunque el subjefe Juul subrayó que la meta del grupo es «enfocarse en actividades criminales que involucren a las comunidades de inmigrantes». «Recordamos a todos los miembros de la comunidad, incluidos los integrantes de nuestras comunidades de inmigrantes, que denuncien los delitos cometidos contra ellos a las autoridades locales y que no permanezcan como víctimas silenciosas» indicó Juul. Rubén Conde con información de Unión Radio