Amnistía Internacional (AI) advirtió que el mundo está al borde del colapso del derecho internacional, por abusos reiterados de los derechos humanos y ataques frecuentes en conflictos armados por parte de Estados y grupos armados, como en la actual crisis en Oriente Medio. La organización no gubernamental, con sede en Londres, divulgó su informe ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’ de 2023. Enumera una serie de abusos en distintos países, como la represión a la disidencia, el uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes o las detenciones arbitrarias. Esta ONG también advirtió que es probable que el colapso del Estado de derecho se acelere con el rápido avance de la inteligencia artificial (IA) que, junto con el dominio de las grandes tecnologías, corre el riesgo de una mayor violación de los derechos de las personas si la regulación sigue rezagada. Erosión del Estado de derecho, según Amnistía En rueda de prensa en la capital británica para presentar el documento, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés Callamard, recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó en 1948 pensada para “todos nosotros, sin excepción alguna”, pero que ahora el mundo asiste a una “erosión del Estado de derecho por las masivas violaciones en nombre del terrorismo y la seguridad”. Muchos países poderosos, indicó, están abandonando “la humanidad y la universalidad” consagradas en esa declaración, firmada bajo el lema de “nunca más” debido a las atrocidades de la II Guerra Mundial. “El informe de Amnistía Internacional presenta un panorama sombrío de alarmante represión de los derechos humanos y prolíficas violaciones de las normas internacionales, todo ello en medio de una desigualdad mundial cada vez más profunda, superpotencias que compiten por la supremacía y una crisis climática en aumento”, consideró. Conflictos armados El informe de Amnistía Internacional hace especial mención a los conflictos armados. Indica que la vulneración del derecho internacional humanitario, también conocido como “leyes de la guerra”, ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. En muchos conflictos armados, las fuerzas gubernamentales han lanzado ataques terrestres y aéreos contra zonas pobladas. Utilizando armas con un radio de acción amplio, mientras que el racismo ocupa un lugar central en algunos de estos conflictos. En concreto, la crisis en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados está vinculada a una forma extrema de discriminación racial, puntualiza Amnistía. Para la organización, el sistema israelí de separación del pueblo palestino está basado en que Israel oprime y domina a la población palestina a través de la fragmentación territorial, la segregación y el control, la retirada de tierras y propiedades y la negación de derechos económicos y sociales. En un conflicto que no muestra signos de disminuir, la evidencia de crímenes de guerra continúa acumulándose mientras el Gobierno israelí se burla, a su juicio, del derecho internacional en Gaza. Tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con implacables ataques aéreos contra zonas civiles pobladas que a menudo aniquilaron a familias enteras. Desplazaron por la fuerza a casi 1,9 millones de palestinos. Restringieron el acceso a la ayuda humanitaria que se necesitaba desesperadamente a pesar de la creciente hambruna en Gaza, agrega. “El flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional se ve agravado por el fracaso de sus aliados a la hora de detener el indescriptible derramamiento de sangre civil infligido en Gaza”. Muchos de esos aliados fueron los propios arquitectos de ese sistema legal posterior a la Segunda Guerra Mundial”, señaló la secretaria general. Discriminación racial La discriminación racial también se ha manifestado en las respuestas a estos conflictos, de acuerdo con el informe. Muchos gobiernos han impuesto restricciones ilegítimas a las protestas solidarias con la población palestina, añadió. Los gobiernos de Alemania, Austria, Francia, Hungría, Polonia y Suiza -indica el documento- prohibieron de forma preventiva este tipo de protestas en 2023. Alegando riesgos para el orden público o la seguridad nacional que, en algunos casos, estaban basados en estereotipos racistas. La disidencia fue reprimida a través de la adopción de medidas enérgicas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Mientras que se documentaron detenciones y reclusiones arbitrarias de los defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política y activistas. Y su sometimiento en ocasiones a tortura y otros malos tratos. De acuerdo con el texto, muchos Estados desatendieron las injusticias económicas y la crisis climática. Con frecuencia, los gobiernos trataron a las personas refugiadas y los migrantes de forma abusiva y racista. Entre otras cosas, AI denuncia la discriminación profundamente arraigada contra las mujeres, las personas LGBTI y pueblos indígenas. Subraya que las empresas multinacionales fueron partícipes de abusos. Amnistía centra su informe en varias tendencias globales: el trato de la población civil en los conflictos armados, la creciente ofensiva contra la justicia de género, el impacto desproporcionado de las crisis económicas, el cambio climático y la degradación ambiental, y las amenazas de las tecnologías nuevas, como la inteligencia artificial. En su opinión, estas cuestiones representan retos críticos para los derechos humanos en todo el mundo. Exigen una respuesta concertada de los Estados para afrontarlas y evitar nuevos conflictos o que se agraven los existentes. Información de: EFE