La controvertida «ley ómnibus» que presentó el Gobierno argentino ya comenzó a sufrir una serie de cambios en la Cámara de Diputados, a pesar de que el presidente Javier Milei les advirtió a los legisladores, entre insultos, que la iniciativa debía ser aprobada sin modificaciones. A finales de diciembre, Milei presentó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que, por sus dimensiones, fue bautizada como «ley ómnibus», ya que consta de 664 artículos que transforman por completo el funcionamiento del país como se conocía hasta ahora. El proyecto forma parte de la visión «libertaria» que el presidente quiere imponer, y que comenzó con la puesta en marcha de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de 366 artículos, que desregula totalmente la economía del país sudamericano. Aunque el texto todavía debe ser debatido en el Congreso, ya fue impugnado en varios fallos judiciales.        Leer también: Milei se presenta en Davos con un duro mensaje: “Occidente está en peligro” De manera paralela, el presidente dio a conocer la ‘ley ómnibus’, que la semana pasada comenzó a ser analizada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. Para defender la ley, han acudido a las audiencias los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Interior, Guillermo Francos; Seguridad, Patricia Bullrich; y el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez. Sin embargo, su participación ha estado marcada por la tensión debido a que no han respondido de manera satisfactoria las dudas en el Parlamento, ya que desconocen el texto en su totalidad y han reconocido que no participaron en su redacción. Por otra parte, representantes de todos los sectores que serán afectados han acudido a impugnar la ley ante los diputados. Entre ellos se encuentran sindicalistas, activistas de derechos humanos, inquilinos, feministas, cineastas, escritores, músicos, microempresarios, actores y actrices, científicos, ambientalistas, trabajadores de la salud y de las bibliotecas populares, académicos y productores vitivinícolas, lácteos y algodoneros. Mientras tanto, en las calles se han replicado las protestas contra el proyecto. AgresionesEl proceso implica una negociación, ya que La Libertad Avanza, el partido de Milei, es una fuerza minoritaria en el Congreso y necesita votos de otras bancadas para lograr que la iniciativa se apruebe, pero en lugar de buscar acuerdos, el mandatario se ha dedicado a insultar a los legisladores, a quienes ha calificado como «coimeros», «corruptos» e «idiotas útiles» si no avalan su proyecto. Además, Milei ha insistido en que la «ley ómnibus» debe ser aprobada tal y como fue enviada porque, junto con el DNU, es «la única alternativa» para terminar con «la decadencia» del país y evitar una «catástrofe de proporciones bíblicas». A pesar de sus dichos, varios de sus ministros ya confirmaron cambios fundamentales, porque es la única manera de conseguir que la iniciativa avance en el Congreso. Por ejemplo, uno de los puntos más controvertidos establecía la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social» hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, la mitad del mandato de Milei, con posibilidad de prorrogarla por dos años más, lo que abarcaría la totalidad de su gestión. A través de este artículo, el presidente planteaba «la delegación de facultades legislativas», lo que implicaba que, con el pretexto de la emergencia, podría ignorar por completo al Congreso, gobernar prácticamente por decreto y emitir leyes en todas las áreas mencionadas. Durante su comparecencia en las comisiones que analizan la ‘ley ómnibus’, el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, garantizó que el plazo de la «emergencia» se reducirá solo a un año, cambio que la oposición considera insuficiente.Presiones En otra sesión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que sacarán el polémico artículo que prohibía las reuniones de más de tres personas en la vía pública sin previo permiso de las autoridades, y que había desatado un escándalo por su tono represivo que remitía a la última dictadura militar (1976-1983). En su turno, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, asumió que la reforma política planteada en el proyecto, que elimina las elecciones primarias, implementa la boleta única de papel y reformula el reparto de bancadas, no tiene consenso para ser aprobada, por lo que alguno de estos puntos podrían ser «corregidos». Antes, gracias a los reclamos del sector pesquero, el Gobierno ya había dado marcha atrás a los artículos que ponían fin a la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino, y que abrían la explotación de recursos naturales a grandes empresas incluso extranjeras. Lo mismo ocurrió en caso de los biocombustibles, ya que la ‘ley ómnibus’ desregulaba el sector, liberaba la participación de nuevas empresas y eliminaba las cuotas de producción y la fijación de precios por parte de la Secretaría de Energía, lo que el Gobierno ya descartó gracias a los reclamos de los gobernadores de las provincias, que verían afectados sus ingresos con los cambios propuestos en este mercado. El papel de los gobernadores ha sido crucial, ya que también han logrado que el Gobierno recule en sus propuestas de desregulación de las industrias minera, azucarera y vitivinícola. Apuro Las cesiones, hasta ahora, son insuficientes para garantizar la aprobación de la Ley ómnibus, a pesar de la urgencia que tiene el Gobierno. «Yo voy a hacer lo posible para que esta semana se firme el dictamen», reconoció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque aclaró que, en caso contrario, respetará los tiempos que sean necesarios para alcanzar un consenso. Con respecto a los cambios que ya se plantearon, el legislador oficialista aseguró que están «mejorando» el documento original y que van a terminar acordando «un proyecto superador». También reconoció que la intención era que las comisiones emitieran un dictamen a más tardar el viernes para que la ley se votara el fin de semana. El objetivo era evitar que el debate parlamentario fuera simultáneo al paro nacional contra el Gobierno de Milei, convocado por la Confederación General del