Enfrente de la casa con tejado de metal de José Hernández hay unos árboles de aguacates que ayudan a alimentar a varios jubilados en la población rural de San Joaquín, junto a una autopista dos horas al suroeste de la capital venezolana. Sus vecinos y él cortan los aguacates con permiso del propietario y los venden a conductores en un peaje cercano o en las calles de la ciudad cercana de Valencia, que no se ha vaciado tanto como San Joaquín por la emigración de la última década. Viven al día. Sus pensiones equivalen ahora a 3,70 dólares al mes, apenas 20 centavos más de lo que cuesta un galón (una garrafa de unos 3,8 litros) de agua embotellada. De modo que si no venden, no comen. “A veces hay que cambiar aguacate por comida en las urbanizaciones. ¡Lo que queremos es que haya trabajo!”, dijo Hernández, de 67 años, sentado en su polvoriento porche de concreto con un vecino. «Él era transportista, yo vendía mercancía en el centro. Ahorita no hay trabajo. Todos los jóvenes ya se fueron. ¡Quedó solo este barrio!”. La crisis política, social y económica que ha llegado a definir el país suramericano ha evolucionado desde su inicio hace una década como resultado de un descenso global en el precio del crudo, el recurso más valioso de Venezuela, la mala gestión del autoproclamado gobierno socialista y la represión del gobierno a sus oponentes. La fase más reciente ha sido especialmente difícil, al desvanecerse la estabilidad económica que experimentaron muchos durante varios meses en 2021 y 2022. De nuevo enfrentan subidas constantes en el precio de la comida, cierres de negocios y doloroso pensamientos sobre emigrar. En esa realidad cotidiana, los venezolanos oyen hablar de elecciones mientras la oposición prepara sus primarias del 22 de octubre para elegir un candidato que desafíe al presidente, Nicolás Maduro, en los comicios presidenciales del próximo año. Pero la apatía y el rechazo a los políticos y la política —ya sean Maduro, sus aliados o sus adversarios— se ha agravado entre jóvenes y mayores tras una letanía de decepciones, acusaciones de corrupción, desinformación rampante y represión del gobierno. El gobierno de Maduro logró sacar a Venezuela de un ciclo de hiperinflación a finales de 2021 con recortes del gasto público, subidas de impuestos e inyecciones de divisas. Durante un tiempo el año pasado, los trabajadores podían sacar de sus bolsillos uno o dos dólares, e incluso algunos bolívares sin valor, la moneda letal. Prácticamente todos conocían a alguien que llevaba un negocio desde casa, como vender golosinas sin azúcar por Instagram o impartir clases a grupos de matemática básica. Ese respiro —después de que la economía venezolana se contrajera un 80% entre 2014 y 2021— hizo que incluso algunos venezolanos regresaran desde Colombia, Perú, Ecuador y otros países latinoamericanos donde habían vivido durante años pero no conseguían empleo en la economía pospandemia. También redujo el éxodo desde Venezuela. Pero para enero, esa estabilidad había desaparecido. El Primero de Mayo pasó siquiera sin el tradicional anuncio presidencial de un incremento del salario mínimo. El aumento anterior, en abril de 2022, situó el salario mensual en 130 bolívares, que entonces equivalían a 30 dólares pero ahora se ha reducido a 3,70 dólares. Estos días, un kilo (2,2 libras) de pollo cuesta unos 2,40 dólares, una docena de huevos son 2,25 dólares y un litro (poco más de un cuarto) de leche vale 2 dólares. “Las cosas se pusieron muy difíciles. Hasta para enfermarse está difícil porque si compras comida no puedes comprar medicinas”, dijo Mayela Ramírez, de 59 años, de pie en la puerta de su casa en el centro de Valencia, donde antes había varias plantas de ensamblaje de automotrices. “Yo tengo un sobrino que tiene un problema en el cerebro —se le está haciendo como una pelota— necesita una biopsia y no puede (pagarla) porque son 150 dólares, entonces estamos haciendo rifas”. Ramírez ayuda a su esposo a dirigir su taller mecánico, pero no es raro que pase una semana sin que les llegue ni un solo auto. Ha pasado mucho tiempo desde que podía comprar comida con libertad, y ahora compra más vegetales que nunca porque las fuentes de proteína son demasiado caras. Ha notado que la gente empieza a marcharse del país de nuevo, incluidos cuatro de sus vecinos, que emigraron al final de septiembre. Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país, la mayoría a países caribeños y latinoamericanos. Pero estos días, la gente que emigra tiene la vista puesta en Estados Unidos, en lugar de Colombia y Perú, los países que más venezolanos han recibido desde el inicio de la crisis. En el último año, el número de migrantes venezolanos que intentan entrar a Estados Unidos por la frontera sur ha crecido de forma exponencial. En los últimos 11 meses, los agentes de patrulla fronteriza han encontrado a venezolanos en más de 199.500 ocasiones en la frontera entre México y Estados Unidos, en comparación con las 2.700 ocasiones en todo 2020. Sólo en agosto la cifra fue de más de 31.400. Los venezolanos han acabado viendo la crisis como una sucesión de dificultades que se difuminan, aunque algunas de las mayores calamidades sirven de referencia para distinguir un año de otro: 2017 fue el de las protestas masivas contra Maduro y la represión; en 2018 hubo grave desabastecimiento de comida; en 2019 hubo apagones eléctricos en todo el país, las esperas de varios días ante las gasolineras fueron en 2020. La preocupación aumenta cuando la gente ve muchas de esas dificultades produciéndose a la vez, incluso en la capital, Caracas, cuyos habitantes se han visto parcialmente cubiertos ante algunas de las complicaciones de la crisis. La variedad de productos disponibles en los estantes de supermercados y tiendas de barrio se ha reducido. Las tiendas de productos importados ponen artículos en la parte delantera de los estantes para dar la impresión de que tienen plenas existencias. Los restaurantes cierran. Repostar con combustible subvencionado vuelve a